DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA (JKVV). Con su venia, diputada presidenta.

Si de por sí vivir en una sociedad patriarcal, donde el machismo prevalece cada día, imagínense lo que es vivir en los pueblos, en las comunidades más lejanas, más rurales, donde no hay comunicación, donde no hay vías de comunicación, donde no llega la información, donde viven en el aislamiento total las mujeres, donde la cultura son las relaciones de poder patriarcales y una baja participación de las mujeres.

En donde viven con conflictos armados, como es el desplazamiento forzado. Sí. La violencia crece cada día para las mujeres que estamos en ciudad y que tenemos mayor oportunidad de salir, estudiar, desarrollarnos y estar aquí, imagínense para aquellas, que ni siquiera pueden vivir, no pueden ni siquiera llegar a soñarlo.

Es por eso que hoy, en el Día Internacional de la Mujer Indígena, toma mayor relevancia el dictamen que presento a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, en donde reconocemos y estamos totalmente convencidas de que los sistemas normativos de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación es necesaria. Sin embargo, es necesario que sus marcos de actuación también sean acordes con el respeto y goce pleno de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, que son parte de su población y que requieren de una mayor protección.

Lo anterior debido a que el sesgo social y cultural que sufren las mujeres indígenas es bastante marcado, ya que no cuentan con las estructuras sociales, institucionales, adecuadas, que les permitan identificar la violencia sistematizada a la que son sometidas. Esto queda evidenciado, ya que, de acuerdo con el Inegi, 6 de cada 10 mujeres indígenas ha manifestado haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, patrimonial o de discriminación laboral. La carga cultural se encuentra más marcada en estas comunidades y la permisión de la violencia en contra de las mujeres es mucho más aceptada y normalizada, razón por la cual es necesario implementar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la perspectiva intercultural y de pluralismo jurídico.

Lo anterior, compañeras y compañeros, con la finalidad de que las medidas que se lleven a cabo para mujeres de esas comunidades sean eficaces y certeras, ya que su contexto social y cultural es diverso al de la población en general, y que dado su contexto muchos de sus usos y costumbres son trasmitidos de generación en generación, y que prevalecen en su día a día y en el imaginario social. Estamos seguras de que para tener derechos iguales para todas y todos necesitamos políticas públicas específicas para poder garantizarlos.

Si bien es cierto que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la necesidad de la erradicación de la violencia estructural, el actual marco normativo no da suficientes atribuciones a las instancias gubernamentales pertinentes para establecer acciones eficaces, ya que carecen de un marco interseccional que no permite visibilizar esas desigualdades.

Es por ello que se considera viable la iniciativa objeto del presente dictamen, ya que es obligación del Estado mexicano salvaguardar siempre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes realizando las adecuaciones necesarias de su sistema jurídico.

Además de que se pretende dar una mayor protección a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes integrantes de los pueblos indígenas sin que se pretenda tener injerencia en su organización social, política y cultural, sino más bien dar un nuevo marco de referencia a las autoridades de instituciones públicas, pues son ellas las que en un determinado momento tienen conocimiento de esta violencia y es obligación darles atención y seguimiento de una manera oportuna y adecuada.

Es importante recalcar que la perspectiva de interculturalidad en las políticas públicas no representa de ninguna forma una vulneración a los derechos de las mujeres, puesto que en todo momento nuestro artículo 2o. constitucional deja claro que ningún derecho o costumbre puede estar por encima de los derechos humanos.

Estos cambios permitirán que se establezcan medidas de seguridad eficaces que sean impuestas atendiendo a los principios de perspectiva de género y de interculturalidad, así como de pluralismo jurídico.

Las acciones que deberán ser emprendidas tendrán que asumir un enfoque transversal en todas las acciones del gobierno, para erradicar la violencia en contra de las mujeres mexicanas.

Por ello, compañeras y compañeros, les pido su voto de confianza para la aprobación del presente dictamen, para que nunca la historia vuelva a ser sin nosotras a frente, sin las mujeres al frente y los derechos al centro. Es cuanto, diputada presidenta.