La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de hoy le corrigió la plana a la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y al magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón, quienes desde la Sala Regional Especializada buscaban sancionar por violencia política de género y linchamiento digital a la diputada de Chihuahua Andrea Chávez Treviño; Erick Gutierrez Robles, director de Sin Linea; Ana María Vázquez, periodista; y 15 ciudadanos más por una publicación realizada en la cuenta de Twitter de la legisladora morenista.

La denuncia que dio origen al caso fue presentada por la diputada del PRD, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fenanda Sodi meses después de los hechos ocurridos con motivo de la comparecencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro.

En un principio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le contestó que no existían elementos para determinar que eso fuera violencia política de género, así que le negaron las medidas cautelares que solicitó en contra de la diputada juarense. No obstante meses después el INE determinó que siempre sí existían elementos suficientes para que el caso fuera atendido por el TEPJF.

Una vez en el TEPJF, el Magistrado Luis Espíndola Morales intentó desechar  el caso, pues aseguraba que no existía ningún elemento para confirmar que hubo violencia política de género. Sin embargo, fue hasta la sesión de hoy cuando la Sala Superior del TEPJF votó por unanimidad revocar lisa y llanamente la sentencia que buscaba inhabilitar a la diputada Andrea Chavéz Treviño e imponer sanciones económicas a periodistas y ciudadanos por el mismo caso.

La diputada Andrea Chávez y los imputados celebraron  la revocación de hoy, pues es una victoria que dejará un precedente importante ante cualquier intento de censura, abuso del poder o privación de derechos que pudiera promover el poder judicial. Además quedaron evidenciadas las intenciones de algunas autoridades electorales, pues este proceso pudo evitarse desde el INE, ya que las y los legisladores gozan de la inviolabilidad parlamentaria por las opiniones que manifestemos en el desempeño de nuestros cargos; y las y los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión.