• La frecuencia de los fenómenos meteorológicos, producto de los efectos del cambio climático, será más graves en las comunidades rurales más pobres: Adriana Bustamante.

La diputada federal Adriana Bustamante Castellanos suscribió una iniciativa para reformar el artículo.23 de la Ley General de Protección Civil, a fin de adicionar la coordinación con dependencias públicas y privadas para la prevención de desastres y reducción de riesgos.

Dicha propuesta, también tiene por objeto promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad de manera oportuna y adecuada para las condiciones socioculturales y específicas de hombres y mujeres incluyendo la traducción a lenguas indígenas.

La legisladora perteneciente a la bancada de Morena, explicó que en México, el 68% de la población y 71% del PIB están ampliamente expuestos a riesgos importantes asociados con el cambio climático, debido a las condiciones geográficas y socioeconómicas de nuestro país.

Al respecto, la también Coordinadora Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expuso que se debe tener presente que la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos, producto de los efectos del cambio climático, será más grave en las comunidades rurales más pobres.

Las cuales indicó, dependen de la agricultura de temporal y carecen de medios para adaptarse y, “muchas veces, tienen que migrar a las ciudades u otros países”, agregó la legisladora.

También abundó, que diversas regiones de México ya experimentan los estragos de cambios de clima extremos, como sequías e inundaciones, “que serán la constante si no tomamos con seriedad este tema”.

Tal es el caso del pueblo chiapaneco, quienes “sufren los daños de la tormenta tropical Karl, con la pérdida de vidas y patrimonio, situación que afecta de manera diferenciada a la población, porque siempre las más afectadas serán las familias más pobres”

Señaló que “se requiere explicitar que las solicitudes de información en materia de cambio climático, deberán realizarse en los términos dispuestos por la legislación en materia de Acceso a la Información y Transparencia, de manera oportuna y adecuada para las condiciones socioculturales de la población”.

“No se trata de victimizar a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, sino de reconocer que sus derechos mínimos básicos les fueron negados por siglos de opresión, discriminación, racismo, clasismo y vejaciones” concluyó.