• La propuesta de reforma es necesaria en tanto que da certeza jurídica a este derecho para que las y los jóvenes puedan ejercerlo en igualdad de condiciones, comentó la diputada.

La diputada Blanca Araceli Narro Panameño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, precisó la necesidad de reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para adicionar la calidad de incluyente al derecho a la educación.

Para tales efectos, la legisladora suscribió una iniciativa de reforma al artículo 57 de este ordenamiento legal, con el objetivo principal de garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes en igualdad de condiciones.

Araceli Narro expresó que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la educación incluyente se entiende como la posibilidad de que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos.

Recordó que la ley vigente prevé la obligación de los tres órdenes de gobierno de erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes; así como de garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y a la educación incluyente de las y los infantes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

En ese marco, explicó, la propuesta de reforma es necesaria en tanto que da certeza jurídica a este derecho para que las y los jóvenes puedan ejercerlo en igualdad de condiciones, acatando los criterios emitidos por la Corte.

Comentó que avanzar por esta ruta promoverá “un nuevo paradigma educativo que responda a las limitaciones de la educación tradicional y combata el utilitarismo y segregación que, desafortunadamente, persiste en nuestros días”.

La diputada aseveró que “no es lo mismo el derecho a la educación y a la inclusión que el derecho a la educación incluyente, de ahí la pertinencia jurídica, social y política de la reforma”.

Recalcó que se pretende reforzar a la ley porque se trata de la norma principal donde deben quedar consignados los derechos, las libertades y las prerrogativas inherentes a este grupo etario con absoluta claridad, respetando la remisión constitucional y legal actual para evitar duplicaciones normativas o antinomias.