Ante el aumento de la migración internacional irregular en el país, principalmente de países como Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra presentó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Migración, a fin de que se garanticen los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes internacionales en las estaciones migratorias mientras se determina su situación migratoria.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, de enero a noviembre de 2022, se registraron 388,611 eventos de personas en situación migratoria irregular en México, 34.3 por ciento más que en 2021. Las entidades que más registros fueron Chiapas (132 mil), Baja California (40,731), Tabasco (39,589), Veracruz (32,013), Coahuila (27,155), Sonora (21,150), Nuevo León (17,095) y Tamaulipas con (14,800).

En su iniciativa, la diputada tamaulipeca analizó la legislación vigente sobre la presentación de personas migrantes extranjeras en situación irregular por parte del Instituto Nacional de Migración y la extinta Policía Federal; procedimiento cuyo propósito es determinar su situación migratoria y dictar un alojamiento en una estación migratoria, cuando no acredite su permanencia legal, regularización de estancia o asistencia para el retorno.

Dicha legislación permite a las autoridades resolver la situación migratoria de la persona en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su presentación, plazo que podría prorrogarse por 45 días hábiles adicionales en ciertos supuestos, como la falta información sobre su identidad y/o nacionalidad; exista enfermedad o discapacidad física o mental que le imposibilite viajar; que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial, o bien, un juicio de amparo que involucre a la persona; entre otros.

No obstante, Elizondo Guerra argumentó que, aunque el alojamiento es una medida precautoria y guarda una finalidad distinta al arresto o pena, la situación presente vulnera los derechos humanos, a razón de que “una persona con estancia irregular en nuestro país puede pasar hasta 60 días hábiles detenida y, cuando se interpone un recurso administrativo o judicial, el tiempo es indefinido”; hecho que consideró como privativo de la libertad de las personas.

De esta manera, propuso reformar el artículo 111 de la ley en cuestión, con el propósito de que el INM resuelva la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor 36 horas, en lugar de 15 días hábiles. Asimismo, que el alojamiento en las estaciones migratorias no podrá exceder de 30 días naturales.

Igualmente, planteó la armonización legislativa los artículos 81 y 105 de la Ley de Migración con la Ley de la Guardia Nacional, en cuanto a que las funciones que desempeñaba la Policía Federal, ahora son realizadas por la Guardia Nacional.

Finalmente, la diputada Olga Elizondo mencionó que su propuesta está sustentada en el marco nacional e internacional en la materia, en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y la obligación del Estado mexicano de atenderles, como establece el artículo 67 de la Ley de Migración: “Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.”