• Alejandro Encinas presentó el proyecto de Ley de Memoria y aseguró que el derecho a la memoria y a la verdad es derecho humano de todas las personas.

• Las y los legisladores de la Comisión buscan que se garanticen derechos de justicia, reparación del daño, reivindicar a las víctimas y acabar con la impunidad.

La Comisión de Derechos Humanos se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el maestro Alejandro Encinas, quien presentó el proyecto de Ley de Memoria.

La diputada Nelly Minerva Carrasco Godinez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que el proyecto de Ley de Memoria es un “derecho individual y colectivo a entender, a honrar, promover y difundir nuestro pasado reciente y actual”.

Resaltó la importancia del proyecto para “visibilizar a las víctimas, a que tengan acceso a la reparación y no repetición suya y de sus familiares, a que nunca sean olvidadas”, así como para crear conciencia colectiva para obtener justicia.

Durante su participación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó que el propósito es dar a conocer el proceso de una ley de las memorias como derecho para la no repetición y el derecho a la verdad para un acceso a la justicia.

Expresó que se trata de una “ley general sobre el derecho a la memoria y la verdad en donde se establezca este derecho también como una responsabilidad del Estado para garantizar las memorias de la sociedad, del pueblo mexicano, frente a hechos lamentables que se han vivido por violaciones a los derechos humanos”.

Así como también “identificar el contexto en el que se desarrollaron los actos de represión, cuáles fueron las responsabilidades del estado, cuál fue la respuesta de la sociedad. Se trata de construir una memoria colectiva que recoja las experiencias y las memorias de muchos actores”, dijo.

En este sentido, Encinas Rodríguez explicó que la iniciativa surgió de la Comisión para la verdad y el esclarecimiento de los sucesos que se presentaron en 1965 y 1990 y se instaló por decreto presidencial en 2021.

Y que tiene como base cinco instrumentos: esclarecimiento histórico y la verdad de los hechos, el impulso de la justicia, la reparación y compensación integral de atención a víctimas, la búsqueda de data, y el impulso a la memoria y a la no repetición.

Insistió en que “el derecho a la memoria y a la verdad es un derecho humano de todas las personas para conocer los lamentables hechos violatorios de derechos humanos en nuestro país”.

Así como que “lo más importante es establecer las obligaciones del Estado para garantizar este derecho, el cómo establecer una relación entre justicia, verdad, búsqueda y garantía de no repetición y mostrar cómo el hecho del ejercicio de los derechos de la memoria y la verdad no interfiere con otros derechos, como son la justicia o la búsqueda de las personas”.