·         Con la propuesta aprobada, Morena garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas de su gobierno, expresó el diputado Julio César Moreno.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos en las entidades federativas.

Se trata de una modificación al último párrafo del artículo 26 de este marco legal, para establecer que las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de Austeridad Republicana, Economía y racionalidad presupuestaria.

Al respecto, el diputado Julio César Moreno Rivera expresó que, con la propuesta, Morena garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas del gobierno, oportunamente y sin distinción alguna.

Manifestó que la importancia del dictamen radica en la necesidad de garantizar que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante la población.

Señaló que con las modificaciones aprobadas se reivindican y fortalecen los principios republicanos sobre los cuales se erige el Estado mexicano.

Precisó que, para la federación, se mantiene el actual límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos anual correspondiente.

Señaló consientes de las de las diversas realidades que se viven en el territorio nacional, es que se propone que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social.

Puntualizó que, “para que no se confunda la libertad con la discrecionalidad arbitraria, el límite presupuestario se sujeta a los principios establecidos en el artículo 5 Bis de la propia Ley, es decir al principio de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos”.

En ese sentido, comentó que a fin de evitar que se paguen precios superiores a los que pagan los anunciantes privados, se establece que deberán tomarse como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vinculadas al principio de finalidad que comprende el beneficio informativo a la sociedad.

“Con esta reforma se garantiza el ejercicio del derecho a la información y se fortalece la verdadera democracia, donde el pueblo está siempre informado y se privilegia su participación en la toma de decisiones”, manifestó.

La minuta fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis.