• APRUEBA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES

• SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE LOS RIESGOS, EL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE DELITOS DERIVADOS DE LA GEOINGENIERÍA

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en materia de protección de Humedales, presentado por la Diputada Adriana Bustamante Castellanos, Coordinadora Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena.

“Esta iniciativa obra en favor de la protección y conservación de la biodiversidad y el derecho humano a un medio ambiento limpio, saludable y sostenible, porque los humedales son ecosistemas de alta importancia ecológica por ser grandes receptores de anfibios y aves migratorias; así como por su importancia para la recarga de acuíferos y el almacenamiento de agua. Por lo tanto, al no estar debidamente regulada su conservación y protección en la legislación ambiental vigente, muchos de estos ecosistemas son observados y tratados por los ayuntamientos cómo áreas para llevar cabo obras y actividades de alto impacto inmobiliario” explicó la diputada.

Durante su participación en la decimocuarta reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bustamante Castellanos señaló que la “Federación ha acudido en auxilio del rescate de los humedales de importancia internacional, de acuerdo con la convención Ramsar, pero es necesario que los Estados se involucren de manera activa en su protección y conservación.
“Esta iniciativa surge de la necesidad de evitar lo que sucedió en Chipas, especialmente en San Cristóbal del Casas, en donde hace más de 20 años el cambio de uso de suelo por procesos de urbanización y asentamientos irregulares, provocó la pérdida del 60% de los humedales y con ello la biodiversidad que resguardan. Estos humedales de montaña son responsables de recargar hasta el 70% del agua del que se abastecen las y los san cristobalenses”, indicó la legisladora.
“Bajo esta perspectiva, esta iniciativa ofrece una clara distribución de competencias en favor de la conservación y protección de los humedales, al proponer que la Federación sea la encargada de la administración y manejo de aquellos que se encuentren dentro de áreas naturales protegidas federales, en tanto que los estados se encarguen de la conservación, preservación, protección, regulación, aprovechamiento sustentable, vigilancia, administración y manejo de los que se encuentran dentro de sus límites territoriales mediante la elaboración de un plan integral” resaltó.
Asimismo, con la finalidad de proteger a la población y al medio ambiente de los riesgos a la salud, el impacto ambiental y la prevención de delitos derivados de la experimentación de la geoingeniería, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a ejecutar en el marco de sus atribuciones las políticas, programas y acciones necesarias para evitar al implementación de estas prácticas de geoingeniería en el territorio nacional con el propósito de revertir el cambio climático.

A este respecto, la Diputada Adriana Bustamante promovente del punto de acuerdo, sostuvo que si bien “la experimentación científica es necesaria para el progreso de la humanidad esta debe hacerse en estricto apego a la legalidad y a la ética. No puede realizarse sin pensar en los efectos a corto y largo plazo que puedan tener en contra de las poblaciones y el medio ambiente en general. No hay hasta el momento ningún sustento científico sólido que permita considerar que se trata de elementos que efectivamente reduzcan los impactos del Cambio Climático o que no provoquen impactos ambientales negativos”.
La experimentación en materia de geoingeniería consiste en la emisión gases a la atmósfera como dióxido de azufre y sulfato de aluminio; entre otros, para disminuir la luz solar. Sin embargo, el Convenio de la Biodiversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció en 2010 una moratoria aún vigente, contra el despliegue de la geoingeniería; porque no existen acuerdos internacionales que aborden o supervisen estas manipulaciones climáticas.
“Esta experimentación pareciera más bien otra trampa del neoliberalismo y los peores intereses capitalistas para continuar contaminando el planeta y lavar sus culpas a través de una falsa promesa” concluyó la legisladora.