• El legislador subrayó que el objetivo es homologar el funcionamiento de las unidades de administración y finanzas.

• Permitirá que la Secretaría de la Función Pública tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, afirmó la diputada Lidia Pérez.

Con 260 votos a favor, 215 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de la creación de las Unidades de Administración y Finanzas.

Durante el debate que se dio en el Pleno, Mario Rafael Llergo Latournerie apuntó que la Cuarta Transformación ha avanzado en el combate a la corrupción, porque ya no se permite la impunidad y que eso lo sabe el pueblo de México.

El legislador de Morena explicó que esta reforma refuerza el aspecto preventivo y mantiene su carácter sancionador en el caso que ocurra algún ilícito, “en la Cuarta Transformación tenemos clara la ruta y el objetivo que persigue esta iniciativa es la de homologar el funcionamiento de las unidades de administración y finanzas”.

El diputado federal subrayó que esta medida respeta la autonomía de las entidades paraestatales, porque la Secretaría de la Función Pública no nombra a los titulares de administración y finanzas, solo los propone para que el consejo directivo de las paraestatales determine su viabilidad.

Llergo Latournerie mencionó que otorgar la facultad a la Secretaría de la Función Pública para que nombre y remueva a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas tiene como propósito seleccionar a los mejores perfiles competentes para los cargos, sobre todo en materia de probidad, pues son los que tienen la relación directa con la ejecución del gasto público.

Afirmó que los titulares de administración y finanzas seguirán actuando en nombre y representación de las dependencias, “ya nadie podrá escudarse diciendo que no es el titular; el compromiso es y seguirá siendo cuidar el dinero público”, advirtió.

También a favor se pronunció el diputado Javier Huerta Jurado, quien destacó que en el dictamen se concentran dos iniciativas, una enviada por el Ejecutivo federal y la otra, suscrita por él, “coincidir con una iniciativa más del presidente de México, confirma que compartimos visiones sobre organización de la administración pública federal”.

El diputado de Morena precisó que la reforma tiene como objetivo superar los vacíos que dejó la reforma anterior para lograr mayor eficiencia, eficacia, transparencia de la administración pública y con ello un mejor control en el ejercicio del gasto y así ampliar las políticas para el desarrollo de la sociedad mexicana.

En tal razón expuso que a diferencia de la derecha, el gobierno de la Cuarta Transformación restituye las políticas sociales, construye obras de infraestructura y distribuye la riqueza al pueblo más necesitado.

“A la derecha le decimos que lo que estamos haciendo es la construcción de un nuevo modelo de desarrollo incluyente para las mayorías y la administración pública es fundamental para ello”, manifestó.

Le recordó a la oposición que sus políticas favorecieron a una minoría rapaz, nacional y extranjera, que se apoderó de casi todos los bienes nacionales en las minas, en la tierra, en la industria, en los ingenios, los puertos, los aeropuertos y una lista larga de empresas estatales que fueron enajenadas. Citó que los gobiernos neoliberales vendieron más de mil empresas propiedad del Estado.

En su oportunidad y para hablar a favor de la reforma, la diputada Lidia Pérez Barcenas mencionó que se busca que la Secretaría de la Función Pública coordine y conduzca las unidades de administración y finanzas, el rediseño del funcionamiento de los órganos internos de control y las centralización de la política general de las contrataciones públicas, medidas que permitirán fortalecer la buena administración, asegurando un adecuado uso de recursos públicos.

La legisladora añadió que con este propósito se transfiere a la Secretaría de la Función Pública la facultad que actualmente tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, respecto de la coordinación de las unidades de administración y finanzas o sus equivalentes en los entes de la administración pública federal.

Lidia Pérez expresó que con ello se permitirá que la Secretaría de la Función Pública tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción.