En el marco de la Comisión Permanente cuya sede se encuentra en el Senado de la República, el diputado Alejandro Robles Gómez suscribió una iniciativa por medio de la cual pretende reformar el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que presida el Consejo de la Judicatura Federal sea diversa a la persona ministra que preside la corte y sea electa por voto universal y directo.

Menciona que la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal es también la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual la convierte en juez y parte. Por tanto, la tarea investigadora y sancionadora del Consejo de la Judicatura Federal se inhibe. Tal como sucedió durante la presidencia Luis María Aguilar, época en la que los actos de corrupción se incrementaron sobremanera.

Indica que cuando Luis María Aguilar Morales fue presidente de la Suprema Corte, del año 2015 a 2018, se causaron daños al erario público por más de 34 millones de pesos a través del entonces director de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda, designado directamente por el ministro Luis María Aguilar, quien por medio de recursos provenientes del fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo realizó obras con sobrecostos, mediante engañosas cotizaciones.

Otro ejemplo de corrupción que el legislador enuncia en su iniciativa, se dio también durante el sexenio de Luis María Aguilar Morales y es el vergonzoso caso en el que se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar asuntos en los tribunales, liderados por el magistrado Jorge Camero; se licitaron a modo contratos de telefonía a sobre precio; y hasta se toleró que cárteles del narcotráfico dieran protección institucional a jueces y magistrados federales en Jalisco.
Concluye el parlamentario Alejandro Robles diciendo que es “… urgente iniciar un proceso real y profundo de transformación del poder judicial y esa transformación debe iniciar desde el Consejo de la Judicatura Federal. El poder judicial no tiene contrapesos en su interior, lo que sí sucede en el poder legislativo y su autoridad sancionadora (el Consejo de la Judicatura Federal) está presidida por el o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se convierte en juez y parte y por ello el combate de la corrupción al interior del poder judicial se convierte en una farsa, a todo esto, debemos añadir la opacidad que rodea a dicho poder.”