DIPUTADO JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ (JRRR). Muchas gracias, con el permiso de todas y todos ustedes.

El ánimo que nos llevó a organizar esos foros para conversar no fue exactamente ir a consultarle a México si debe elegirse por voz popular a los ministros de la corte, sino para dar un paso previo para preguntar si se debe o puede modificar el artículo 96 a fin de que el método de designación de los ministros de la corte, eventualmente de otros funcionarios judiciales, pueda admitir la participación ciudadana. De ahí para adelante, posible todo.

En los conversatorios, que fueron cuatro, participaron personas que nos ilustraron mucho. No todos estuvieron de acuerdo entre sí. Son temas muy polémicos. En las conclusiones que se han elaborado aquí por el equipo de trabajo del grupo parlamentario y de la Jucopo, el presidente de la Jucopo se relacionan por temas los diferentes aspectos que fueron tratados puntualmente. Ustedes tendrán el texto que les será entregado de manos del presidente de la Jucopo, del diputado Mier. En unos momentos más se consignan las contradicciones que hay en las opiniones de los expositores y, desde luego, también los puntos de vista de los diputados, de muchos diputados. Y miren ustedes, en lo primero pues es que partimos de la base que en una República pues todo está sujeto a discusión y todo se puede tocar.

Y la consulta popular, pues no tiene más límites que los que marca el propio artículo 35 en su fracción 8, y esos pretendemos que sean respetados por nuestra idea una vez que la llevemos a procesar. La consulta es más que nada un ejercicio de participación política que agrega, que no limita ni quita a nadie, y que los aspectos que se deben revisar en su momento pues será la idoneidad de los prospectos y las dificultades que ofrece practicar un mecanismo de consulta para un tema tan importante como el de introducir la participación ciudadana en la designación de los altos jueces del país. Y también, desde luego que brotaron muchos temas de aquí sobre el gran sistema de justicia mexicano en todos sus aspectos: el Consejo de la Judicatura, los nombramientos de personal subalterno, la revisión de actos que hace la corte de manera incontestable, el juicio de amparo que tiene excesos por muchos aspectos en sus… sobre todo con las suspensiones, la reconsideración de la figura de un procurador que procure justicia, no solamente que sea fiscal.

El sistema federalista en el sistema de justicia, está concentrada la última palabra en cualquier decisión de controversias del país, sea de la naturaleza que sea. Está federalizada la justicia en México, es decir, centralizada. Creemos que eso está afectando una visión del federalismo.

Y por encima de todo, la soberanía de la justicia mexicana y de la Constitución, nuestra norma principal por encima de cualquier otra norma de la naturaleza que sea, del origen que provenga.

Esto nos dio lugar a que pensáramos en una reforma de trabajo y de forma del sistema de justicia mexicano, e hicimos anotaciones que pueden explicar los motivos que nos provocan ese propósito, pero también los enunciados que pueden describir los alcances que podría tener una reforma judicial integral. Intentaremos procesarla y plantearla en un siguiente periodo ordinario de sesiones; en lo constitucional, tratando de convencer a nuestros compañeros de cámara. Primero aquí, luego en el senado, luego el paso posterior de cualquier manera algunos aspectos que pueden atenderse con la revisión y modificación de las leyes secundarias, si prosperará sería para bien después de haber discutido mucho traen los otros. Y también, con ustedes, porque ese ejercicio lo quisiéramos hacer de una manera franca y muy abierta y de buena fe, y si no, pues quedaría sembrado en el Congreso la propuesta de reforma al sistema de justicia mexicano.

No creo que haya desperdicio nada que se pueda discutir, los varios motivos que nos parecen atendibles para incluir en un pliego de discusión de una reforma judicial son, desde luego, que de un amplio sector de la población, pues hay un ineficiente acceso a la justicia en México, sobre todo en la materia penal. Y que el sistema actual de justicia centraliza todas sus resoluciones, lo comentaba hace un momento.

También ahí, hay necedad competencias, duplicada, los jueces de amparo toman materias que no les corresponde o que les corresponde a otros tribunales, la Corte también. Nosotros apreciamos que hay una afectación en la división de poderes en muchas de las resoluciones judiciales. Todos estos puntos son polémicos, son para discutir. La aplicación de los principios de los derechos humanos no distingue los de contenido económico y extiende su alcance a campos ajenos al concepto propio, el interés legítimo que parte de una noción vaga y confusa da lugar a prácticas de abuso.

El poder judicial federal no respeta el principio republicano de austeridad, eso nos parece a nosotros y a mucha gente en México. Las facultades exclusivas del Congreso, nosotros creemos que no son revisables. Los legisladores mexicanos asumimos que la Constitución entrega la supremacía al poder de representación popular encargado de dar el derecho, no a otro, la constitución no da lugar en México al gobierno de los jueces.

Pensamos que el más alto tribunal del país debe estar compuesto no solamente por buenos juristas, sino por hombres y mujeres con visión de Estado cuya mayor responsabilidad es resguardar el interés nacional.

¿Qué otros enunciados pueden delimitar los alcances de ese proyecto de gran mesa de discusión para una reforma judicial? Pues que debe quedar de una manera inaudible en la Constitución, está por encima de cualquier norma. Lo reiteramos, que debe comprender los sistemas de justicia de los tres órganos de gobierno y de las comunidades indígenas y afroamericanas, y los medios alternativos y, desde luego, la procuración de la justicia también y aún el ejercicio profesional de la abogacía, que contribuye para bien y para mal en la impartición de la justicia.

Que la Corte sea un tribunal constitucional es una preocupación cada vez mayor. Que la jurisdicción ordinaria, su última palabra la tengan otros órganos jurisdiccionales. Que se realice la necesidad de crear otras jurisdicciones para materias como el administrativo y la transparencia del ejercicio público. Que el Consejo de la Judicatura esté integrado por una mayoría de miembros externos al poder judicial y designados también con un método de participación ciudadana. Que la constitución diga expresamente que no es facultad del poder judicial dictar políticas públicas ni normas legislativas. Que la interpretación de la ley se contenga dentro de parámetros que tenga límite y dé certeza a las soluciones.

Que la interpretación de carácter abstracto y las resoluciones de contradicciones entre disposiciones constitucionales o tratados internacionales corresponda al Congreso.

Que los principios de derecho invocables por los juzgadores han de ser los que establece expresamente la propia Constitución y las leyes, si faltan estos principios hay que anotarlos en la Constitución.

Que el amparo en materia de derecho administrativos no debe permitir su uso político y que las suspensiones no se despachen contra leyes ni que aborden el fondo del asunto, agotan el amparo.

Que la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes puede ser superada por una votación calificada del Congreso en México.

Algunas de estas reformas pueden comprenderse en el ámbito de leyes secundarias, la de Amparo, la reglamentaria de la fracción 1 y 2 del 105, desde luego, la Ley Orgánica del Poder Judicial y desde luego, como una prioridad, revisar la eficacia de los sistemas de justicia penal.

Desde luego, para que sea más accesible, más justo, pero también para que contribuya a la seguridad pública del país, de la gobernabilidad de México.

Queremos que la materia a consultar es perfectamente constitucional. Ustedes van a decidir la última palabra y de ahí se puede despertar un proceso muy interesante o una discusión álgida. Estamos ciertos después de todo esto, recalco antes que todos estos puntos los vamos a discutir abiertamente nosotros y en medio de la discusión queremos, con todo respeto, también tomar la opinión de ustedes, puntualmente.

Estamos ciertos, también, que con la franqueza y la buena fe que llegamos a ustedes, estas inclusiones que recibirán en un momento más. Tendremos, nosotros la correspondencia a la altura de otro poder constitucional y a la categoría de ustedes, sus integrantes.