• Los legisladores morenistas Ignacio Mier y Julieta Vences plantearon considerar como una falta administrativa grave la violencia institucional, con lo que buscan promover que las autoridades actúen conforme a derecho para enfrentar la situación que viven las mujeres en México.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la misma bancada, presentaron una iniciativa a fin de combatir la violencia institucional en contra de las mujeres.

Los legisladores de la bancada guinda plantearon considerar como una falta administrativa grave la violencia institucional, con lo que buscan promover que las autoridades actúen conforme a derecho para enfrentar la situación que viven las mujeres en México.

Para ello proponen integrar el artículo 58 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en dicha materia.

La violencia institucional, explicaron, se refiere a los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y del disfrute de políticas públicas en su beneficio.

“La violencia contra las mujeres es una de las principales problemáticas que aqueja a la sociedad mexicana”, lamentaron.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia al menos una vez a lo largo de su vida.

Aunado a ello, en los últimos siete años se ha incrementado en un 137 por ciento el número de feminicidios y se han registrado más de 350 mil llamadas al 911 para denunciar violencia familiar.

A pesar de lo anteriormente expuesto, las cifras de impunidad son muy altas: Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI arrojó que en el país sólo el 8.3 por ciento de los casos relacionados con violencia de género son judicializados, lo que tiene que ver con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, pues la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es apenas del 1.3 por ciento.

“Estos datos se encuentran estrechamente relacionados con la violencia institucional, ya que la percepción y falta de acceso a la justicia para las mujeres están conectadas con la obstaculización o dilación generadas por parte de las personas servidoras públicas”, señalan Mier y Vences en su iniciativa.

En el mismo tenor, manifestaron la importancia de señalar que la inacción por parte de las autoridades vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño que incluye medidas de restitución y compensación.

“Se considera fundamental reformar el marco jurídico mexicano con la finalidad de robustecer las normas que regulan el actuar de las personas servidoras públicas que desempeñan actividades en materia de procuración de justicia, y que por actos u omisiones laceran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres”, destacaron.