• Busca que el Estado promueva la investigación y desarrollo de la neurociencia y las tecnologías neuronales de manera ética y responsable.

• Es importante que México legisle sobre neuroderechos desde dos ejes fundamentales: la privacidad y la integridad y soberanía de las personas.

Al encontramos ante un fenómeno exponencial de transformación digital y socialmente complejo para predecir sus alcances, así como la inminente presencia de la Inteligencia Artificial (IA), la diputada María Eugenia Hernández Pérez presentó una reforma a la Constitución para establecer que toda persona goce del derecho a la protección de su privacidad y a la integridad de su mente y pensamiento.

La legisladora de Morena expuso que con ello se busca que el Estado promueva la investigación y desarrollo de la neurociencia y las tecnologías neuronales de manera ética y responsable, con el objetivo de proteger la integridad mental de los mexicanos y evitar cualquier forma de discriminación o vulneración de derechos basada en datos cerebrales.

La modificación al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también plantea establecer mecanismos de supervisión y regulación para garantizar el cumplimiento de esta disposición, además de que promoverá la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el uso y aplicación de tecnologías neuronales.

Hernández Pérez sostuvo que es importante que México legisle sobre Neuroderechos desde dos ejes fundamentales: la privacidad y la integridad y soberanía de las personas.

Sobre la privacidad, explicó, debe ser protegida rigurosamente en el contexto de la neurociencia y las tecnologías neuronales. Además de establecer salvaguardas legales para garantizar que los datos cerebrales recopilados sean tratados de manera confidencial y que el consentimiento informado sea un requisito para cualquier intervención en el cerebro de los individuos.

Manifestó que se deben establecer límites claros para el uso de tecnologías neuronales, garantizando que no se vulneren la autonomía y la voluntad de los individuos. Además de que es crucial promover la investigación y el desarrollo de la neurociencia de manera ética y responsable, sin poner en riesgo la dignidad y el bienestar de las personas.

La también secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación apuntó que la legislación debe salvaguardar el derecho de las personas a tomar decisiones informadas y conscientes sobre cualquier intervención cerebral y asegurar que el progreso científico se realice en beneficio de la sociedad y el individuo, con un enfoque centrado en el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se debe regular el acceso, uso y almacenamiento de los datos cerebrales, evitando cualquier forma de discriminación basada en esta información y promoviendo la transparencia en su manejo.

Afirmó que una propuesta legislativa en materia de neuroderechos deberá contemplar el reconocimiento explícito del derecho a la privacidad de los datos cerebrales de los ciudadanos.

La diputada federal detalló que estudiosos han compartido las propuestas más consensuadas sobre cómo enfrentarnos a los riesgos aparejados a la exploración del cerebro humano y la Inteligencia Artificial, desde en un marco regulatorio de derecho humanista, que reconozca cinco derechos humanos de reciente conceptualización: uno, derecho a la privacidad mental; dos, derecho a la identidad y autonomía personal; tres, derecho al libre albedrío y a la autodeterminación; cuatro, derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva; y cinco, derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones.

Argumentó que en América Latina “varios países de la región han reconocido la importancia de proteger los derechos fundamentales relacionados con la neurociencia y las tecnologías neuronales, y han tomado medidas para abordar esta cuestión de manera ética y responsable”.

Abundó que México no cuenta con una legislación específica en materia de Neuroderechos. Sin embargo, mencionó que en la Ley General de Salud y otras leyes relacionadas, existen disposiciones que protegen los derechos fundamentales de las personas en el contexto de la investigación médica y científica, incluyendo aquellos que puedan estar relacionados con el estudio del cerebro y las Neurotecnologías.

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