A fin de robustecer la ley en materia de delitos por abuso sexual y violación contra una persona con discapacidad o perteneciente al grupo de la tercera edad, la diputada Mónica Herrera Villavicencio, integrante de la fracción de Morena propuso una iniciativa que reforma el Código Penal Federal.

La legisladora refirió que esta propuesta es en aras de disminuir la comisión de esta infracción, por lo que se propone el incremento de la penalidad dispuesta para quienes cometen este delito, como un recurso legislativo que ha probado su eficacia en otros tipos delictivos.

Al respecto, argumentó que de acuerdo con las cifras reportadas sobre los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en la Ciudad de México por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos hasta agosto de 2023, se registró 14 mil 16 delitos contra la libertad y la seguridad sexual tan solo en lo que va del año, contra 22 mil que se cometieron en el año 2022.

En el tema de acoso y hostigamiento sexual, los datos arrojan incrementos constantes, y sólo en la Ciudad de México el 43% del total de mujeres de 15 años y más experimentó algún tipo de violencia en la infancia, de estas el 14% refirió que fue víctima de violencia sexual.

Herrera Villavicencio expuso que la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción desde la presión social y la intimidación a la fuerza física; “muchos de los cuales a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad no tiene la capacidad de enfrentar o defenderse o simplemente impedir que sea cometido este acto en su perjuicio”.

También resaltó que las víctimas pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental similares, “no obstante las niñas y las mujeres soportan la carga más abrumadora de traumatismos y enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexual, no solo porque constituye la gran mayoría de las víctimas, sino también porque son vulnerables a condiciones y a consecuencias para la salud sexual y reproductiva”

La diputada por Veracruz acentuó que lo más grave es que las víctimas de este delito en muy pocas ocasiones denuncian a sus agresores y este se debe al factor del miedo, a que no les crean o al temor de ser culpados o por haber provocado este ataque hacia ellos o simplemente una persona con discapacidad no tiene la facilidad de poder ir y denunciar.

“Como estado comprometido con la defensa del derecho a la libertad y seguridad sexual, es imperante realizar todas las acciones necesarias para poder hacer que en nuestro país se robustezcan los esfuerzos por erradicar estas acciones y por ende, disminuyan los índices de esta comisión de este delito”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Poder Legislativo asumiría su responsabilidad como parte de los esfuerzos del estado para garantizar una vida libre de violencia, no solo a las mujeres, sino a toda la población en especial a quienes pertenecen a los grupos vulnerables de personas con discapacidad y pertenecientes al grupo de la tercera edad.

“Por eso, es fundamental que como diputados y legisladores tomemos cartas en este asunto y endurezcamos las penas de estas acciones para que de esta manera hagamos que disminuya la incidencia delictiva de este tema”, sostuvo.

La iniciativa plantea adicionar una fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal para que se contemple que las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido contra una persona con discapacidad o perteneciente al grupo de la tercera edad.

La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión.

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