• El presidente de la Jucopo debe ponerle fecha a la discusión del dictamen que ya se aprobó en la Comisión.

La diputada Susana Prieto Terrazas, integrante de la fracción de Morena, aclaró que su Grupo Parlamentario sigue impulsando la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, pero es la Junta de Coordinación Política la que debe ponerle fecha para su discusión.

En conferencia de prensa, sostuvo que se había establecido que la Junta de Coordinación Política que preside el PAN, acordaría la fecha para que el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales subiría al Salón de Plenos para su aprobación, sin embargo, “la responsabilidad es del nuevo presidente de la Jucopo Jorge Romero”.

“Pese a que algunas personas malintencionadas han difundido en diversos medios que el señor Ignacio Mier y coordinador de la bancada de Morena es el presidente de Jucopo y no ha pasado este dictamen, es el PAN quien tiene la presidencia del órgano legislativo y el pueblo de México tiene que saberlo", indicó.

La legisladora federal refirió que varias décadas tuvieron que pasar para que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución se modificaran, y “esta reforma para reducir la jornada de 48 a 40 años tuvo que esperar 108 años para ponerla en el tintero”.

En ese marco, también presentó su propuesta de iniciativa a fin de reformar el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo en materia de acceso a la justicia, que tiene como objetivo establecer que hay una serie demandas que el trabajador hace y que no tienen por qué agotar la fase conciliatoria a la que obliga la Constitución y que en los hechos resultan perjudicial para el trabajador.

Prieto Terrazas explicó que hay circunstancias que deben obligar a que se inicie el proceso de manera inmediata para que el trabajador obtenga una justicia pronta y expedita.

La primera parte de esta reforma, señala que para la actualización de las excepciones en las que se va directamente a juicio, tendría que acreditar el trabajador que existen indicios que generen al tribunal la sospecha, o presunción de que se está vulnerando algunos de los derechos en los que actualmente se refiere el artículo 685 ter.

Que en general importen la violación a los derechos fundamentales y humanos del trabajador, considerando como tales la discriminación en cualquiera de sus formas el acoso u hostigamiento sexual, libertad a agremiarse o sindicalizarse, los tratos crueles o inhumanos, cargas excesivas de trabajo, empleo de infantes, poner en riesgo al trabajador de contagios o enfermedades.

Agregó que actualmente se tiene que evaluar las situaciones en que se afecten los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación vida privada, o bien en la consideración que en sí mismos los demás y en los cuales se presume que hay un daño moral hacia el trabajador.

También se han incluido las demandas sobre la devolución de documentos personales originales presentados para laborar en retención y poder del patrón y de cualquier otro análogo que se considere de reclamo urgente y de pronta resolución.

“Nosotros estamos eliminando en nuestra iniciativa esta fracción del artículo 685 ter, porque es evidente que el trabajador está en un estado de indefensión absoluto al exigírsele el Estado que acredite desde la fase conciliatoria que se encuentra en cualquiera de los supuestos de discriminación al empleo”, sostuvo.