La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del grupo parlamentario de Morena, aprobó iniciativas para avanzar en el combate a la corrupción y en dotar de facultades al Congreso para legislar en materia de extorsión y delitos cometidos a través de plataformas digitales.

En materia de corrupción, el legislador explicó que se modificaría al artículo 113 de la Constitución para establecer que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que rinde un informe anual sobre las prácticas anticorrupción que ha sugerido a las oficinas de la administración pública, se haga llegar también a la Cámara de Diputados a fin de que ésta opine, fije puntos de acuerdo y emita recomendaciones.

En su oportunidad, la diputada Lidia Pérez Bárcenas, quien es la promovente de la iniciativa, aseguró que la corrupción es una de las principales causas de la desigualdad y “una carga descomunal sobre las espaldas del pueblo”. En ese sentido, agregó que su costo económico es muy alto, ya que de acuerdo con el Banco de México (Banxico), en 2028 ascendió al equivalente al 9 por ciento del Producto interno Bruto (PIB).

“El uso del poder público en beneficio privado daña a los países que lo sufren y lesionan su tejido social. Abatir las desigualdades y erradicar de la vida pública el cáncer de la corrupción es una de las tareas que el Poder Legislativo debe encarar con decisión, es una labor prioritaria que se ha echado a cuestas el grupo parlamentario de Morena”, apuntó.

Respecto a las facultades al Congreso, Robledo Ruíz expuso que se trata de una modificación al artículo 73 de la Carta Magna, con lo que se le agregaría la atribución a la Cámara de Diputados y al Senado de la República de expedir una ley que rija en todo el país en materia de extorsión y las modalidades que han surgido a través de las vías digitales.

La diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien es promovente de la iniciativa destacó la necesidad de legislar de manera armonizada y unificada para poner un alto a la impunidad en las más de 5 millones de extorsiones cometidas en México cada año, ya que, en algunos casos, al no estar tipificadas es complejo llevar a cabo una denuncia.

“Es un tema en el que debemos unirnos por el beneficio de las y los ciudadanos mexicanos (…) Se trata de dar un paso fundamental para la regulación de los ciberdelitos, mismos que tuvieron un aumento del 400 por ciento durante la pandemia”, manifestó.