• El objetivo de la reforma es contar con una participación significativa de todas las personas en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales para lograr un desarrollo sustentable en el marco del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe (Acuerdo de Escazú).

Fortalecer los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales resulta primordial especialmente para las personas o grupos en situación de vulnerabilidad a fin de garantizar su derecho a un medio ambiente sano, pero sobre todo para proteger y atender cualquier situación que ponga en peligro el equilibrio ecológico o le genere un daño grave o irreversible, sostuvo la diputada Adriana Bustamante durante la aprobación del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de derechos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.

“En las últimas semanas hemos visto claramente los efectos del cambio climático en la vida de las personas que viven en las costas del Pacífico Mexicano. Los huracanes Lidia, Norma y Otis dejaron a su paso daños materiales, humanos y emocionales.

Tenemos que vislumbrar que la intensidad de los huracanes aumentará cada vez más derivado de la actividad humana. Nayarit, Jalisco, Baja California y ahora Guerrero ha sufrido los estragos que deja a su paso un huracán categoría 5, la más intensa en la escala Saffir-Simpson”, añadió la Coordinadora Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena.

Enfatizo que “no podemos soslayar que, ante los desastres naturales ocasionados por los efectos negativos del cambio climático, las personas o grupos más perjudicados son los que tienen mayor rezago ya sea económico, social o cultural como los grupos de mujeres, juventudes, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables que enfrentan dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso a la información y a la participación en temas ambientales”.

La iniciativa indica que, a fin de concretar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, resulta indispensable contar con una participación significativa de todas las personas en los procesos de toma de decisiones ambientales para lograr un desarrollo sustentable, promover el pleno goce y respeto al derecho de acceso a la información mediante la adopción de la interpretación más favorable y culturalmente adecuada, la utilización de nuevas tecnologías de información, la incorporación a la política nacional del principio precautorio, con la finalidad de garantizar el derecho al medio ambiente sano en aquellos casos en los que las limitaciones de la ciencia, no puedan establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza y sus comunidades. Las diputadas promoventes,

Adriana Bustamante (Morena) y Karen Castrejón (PVEM), sostuvieron que esta primera aprobación de su iniciativa en comisión, constituye un avance significativo en la implementación del Acuerdo de Escazú en México.

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