• La ratificación de denuncias una mala práctica de los Ministerios Públicos que no existe en la legislación actual y dilata la investigación de los delitos.

La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma para prohibir que los Ministerios Públicos soliciten la ratificación de denuncias y querellas.

Expresó que la propuesta busca modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 221, 223 y 225, a fin de establecer que no sea necesario revalidar los señalamientos del denunciante o el querellante.

Camacho Reynoso expresó que esta figura, como elemento o requisito de procedencia, no se encuentra por ningún lado en la legislación procesal actual.

Comentó que se trata “de una mala práctica de los Ministerios Públicos, quienes han utilizado esta figura heredada del sistema penal mixto, por usos y costumbres del derecho procesal penal”.

Explicó que los litigantes y las autoridades penales observan ciertas reglas no escritas que, en algunos casos, las hacen pasar por obligatorias a sabiendas de que no tienen esa naturaleza ni fuerza legal.

“Actualmente en nuestro país no se establecen las leyes penales la obligación por parte del denunciante de ratificar su denuncia para que ésta tenga el alcance a través de los actos de investigación correspondientes por parte del Ministerio Público”, dijo.

Sin embargo, continuó, las autoridades del Ministerio Público utilizan esta figura inexistente en el marco jurídico como un requisito y cuando no se cumple lo utilizan como pretexto para abatenerse de investigar.

Señaló que, según lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre las etapas de la investigación, en ningún momento se hace referencia a la ratificación de la denuncia.

“Es ampliamente conocido que cuando las víctimas de un delito presentan una querella y no acuden a ratificarla el Ministerio Público, en automático, archiva el asunto y deja de realizar los actos de investigación que la ley lo obliga”, declaró.

Expresó que, en el marco del gobierno de la Transformación, es necesario que las leyes penales sean actualizadas para poder responder a la realidad de la sociedad.