·         La legisladora Adriana Bustamante recordó que los gobiernos prianistas dejaron a su paso un grave desastre socioambiental al poner por delante los intereses económicos.

·         En contraste, reconoció el trabajo de la SEMARNAT en tiempos de la 4T, donde se instauró una política ambiental construida desde el territorio y de la mano de las comunidades, bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo.

·         La Secretaria María Luisa Albores destacó los compromisos ambientales asumidos por el Gobierno de México, incluyendo la protección de la diversidad biológica, prácticas agroecológicas, limitación de semillas transgénicas, así como la oposición al fracking y la minería a cielo abierto.

En el marco de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la ingeniera María Luisa Albores González, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, integrante del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que la Cuarta Transformación ha impulsado política ambiental con enfoque social e incluyente.

“En estos primeros cinco años de la Cuarta Transformación sentamos las bases para recuperar la rectoría sobre los recursos minerales e hídricos, sobre los recursos naturales”, sostuvo al tiempo de recordar que durante las administraciones neoliberales se priorizó el interés económico en detrimento de las comunidades indígenas y del medio ambiente.

La legisladora recordó que durante los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) dejaron a su paso un grave desastre socioambiental al aprobar “leyes neoliberales” como la Minera y la de Aguas, que privatizaron el derecho humano al vital líquido y entregaron gran parte del territorio nacional a unos cuantos.

En ese sentido, Bustamante Castellanos señaló que del año 1992 a 2018 “los gobiernos prianistas otorgaron 65 mil 534 concesiones mineras, que representan aproximadamente 60 por ciento del territorio mexicano” y agregó que la actividad minera indiscriminada derivó en el deterioro de los ecosistemas y daños importantes a la salud de la población.

Por si fuera poco, añadió, dejaron la puerta abierta a la industria hotelera indiscriminada, sin que cumplieran con la responsabilidad de presentar manifestaciones de impacto ambiental; lo mismo ocurrió con las autorizaciones para la actividad porcícola, inmobiliaria y refresquera que crecieron -de manera insostenible- al amparo de las leyes.

“Con la llegada de la Cuarta Transformación, se ha iniciado una transición de una política depredadora contra el medio ambiente a una política ambiental auténtica, social e incluyente (…) Una política que se está construyendo desde el territorio y de la mano de las comunidades y de los pueblos originarios, bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo”, dijo.

Al comparecer ante las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, la ingeniera Secretaria Luisa Albores González, destacó los compromisos ambientales asumidos por el Gobierno de México en 2018, incluyendo la protección de la diversidad biológica, prácticas agroecológicas, limitación de semillas transgénicas, así como la oposición al fracking y la minería a cielo abierto.

Resaltó la creación de una nueva política ambiental centrada en las personas, familias y comunidades, promoviendo el diálogo e inclusión de saberes tradicionales. Mencionó el compromiso de convertir al gobierno en la administración con más áreas naturales protegidas en la historia de México.

Detalló los programas de manejo y acciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la conservación y restauración ecológica. Destacó la inversión social de 14 mil 324 millones de pesos en proyectos forestales y de conservación.

Igualmente, informó sobre la estrategia contra la deforestación y combate a la tala ilegal, así como la reducción del 26 por ciento en la tasa anual de deforestación, son aspectos resaltados. Abordó la eliminación gradual del glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado.

Resaltó la atención a quejas y recomendaciones, logrando la conclusión del 5 de las 17 recomendaciones aceptadas. Mencionó acciones específicas en áreas como minería, cambio climático, protección de la vaquita marina, y el proyecto del Tren Maya, destacando la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación y la mitigación de emisiones de carbono.