Esta iniciativa tiene por objeto, proteger y defender los derechos de las personas trabajadoras mexicanas en América del Norte, para refrendar los compromisos asumidos por México en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y así garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales y promueve la transparencia en la aplicación de la legislación laboral.

El Gobierno de México, a través de las autoridades competentes, se obligó a realizar  las gestiones necesarias para promover e impulsar la contratación  laboral de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos y Canadá, actuando a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (el Servicio Nacional del Empleo); la Secretaría de Relaciones Exteriores (la Unidad para América del Norte y la Red Consular); y la Secretaría de Educación Pública (el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER).

Es por ello, que esta iniciativa pretende que en la contratación de fuerza laboral  mexicana que se firme en México para trabajar en Estados Unidos y Canadá, se debe observar el respeto a todos sus derechos laborales, sociales y humanos. Cuando un derecho o institución jurídica de Estados Unidos o Canadá sea más conveniente o le otorgue mayores ventajas a la persona trabajadora mexicana, éste   le sea aplicado.

También se establece que solo las autoridades mexicanas deberán promover la contratación de fuerza laboral nacional observando los principios de igualdad, no discriminación y paridad de género, prohibiendo toda contratación a través de empresas privadas, con lo que se terminará el cobro que las mismas hacen a las personas trabajadoras.

Asimismo, se busca eliminar el tráfico frecuente de personas que se hace a los países del Norte, con la promesa de conseguirles un trabajo remunerado, casa, comida y otras cosas, aprovechando la falta de información que existe de los convenios laborales que nuestro país ha firmado.

Para ello, se pretende reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a los artículos 27 y 28 de la Ley Federal del Trabajo, y así proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras en Estados Unidos y Canadá.