• Se define la violencia laboral cuando existe distinción, o exclusión en contra de una mujer solicitante de empleo debido a su maternidad: Julieta Vences.

La Cámara de Diputados avaló con 436 votos a favor, el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de discriminación laboral por embarazo.

La propuesta establece mecanismos para prevenir y erradicar la discriminación laboral por embarazo y destaca que constituirá discriminación laboral y docente los actos u omisiones en contra de una mujer, en razón del embarazo, que vulnera sus derechos a la igualdad, a la maternidad, al embarazo o a la lactancia.

En ese sentido, la promovente de la iniciativa Julieta Kristal Vences Valencia expresó que hoy millones de mujeres, niñas y adolescentes han tenido que coartar sus sueños, deseos y anhelos porque no tienen oportunidad de decidir y de poder desarrollarse ellas mismas.

Señaló que pese a que cada vez más hay más mujeres que logran incorporarse a la vida económica y laboral, aún teniendo la misma capacidad, experiencia y profesión que los hombres, “seguimos ganando menos” que los hombres.

Agregó que a las mujeres no sólo se les penaliza por ser mujeres, sino que si acuden a una entrevista de trabajo “se tiene doble penalización porque pareciera que ser madre y ser mujer nos quita la capacidad y las ganas de llevarlo a cabo cuando es mentira”.

Por ello, este dictamen es de suma importancia porque pretende definir como violencia laboral cuando existe discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada debido a su maternidad, embarazo o lactancia.

“Hemos escuchado miles de testimonios que aun cuando la ley lo prohíbe te piden prueba de embarazo; aun cuando no debería ser importante si tiene o no hijos, te preguntan si piensas o planeas ser madre”, afirmó.

Vences Valencia manifestó que esta reforma también establece que las 32 entidades federativas deberán especializar a todos sus agentes del Ministerio Publico y peritos en materia de discriminación cometida por motivos de embarazo, maternidad o lactancia.

Así como determinar que los tres órdenes de gobierno proporcionarán de manera especializada y gratuita atención legal y de salud integral incluyendo servicios de salud mental a quien sea víctima de discriminación, hostigamiento o acoso sexual.

Porque “queremos que las miles de niñas de este país estén libres, seguras, felices y plenas. Ninguna mujer más violentada, ninguna mujer fuera de los espacios de decisión o de poder”, concluyó la legisladora federal.