• Se trata de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• La reforma es clave para la implementación del acuerdo de Escazú en México”: Adriana Bustamante.

“El dictamen plural que el día de hoy sometemos a consideración tiene por objeto facilitar el acceso a la información, especialmente a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de proteger y garantizar su derecho a un medio ambiente sano, limpio y sustentable en  cualquier situación que ponga en peligro el equilibrio ecológico o genere un daño grave o irreversible a nuestra nación y nuestros patrimonios; así como la adopción de la interpretación más favorable y la utilización de nuevas tecnologías de información culturalmente adecuadas, sin restricciones ni discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas; además de fortalecer la participación en toma de decisiones ambientales para lograr un desarrollo sustentable”, sostuvo la Diputada Federal por Chipas, Adriana Bustamante Castellanos durante la presentación de su iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“Este derecho a la participación en asuntos ambientales ha tenido avances significativos a nivel regional a través del Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional diseñado para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, añadió.

La también Coordinadora de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que “en este momento crítico de la historia cuando el cambio climático y la degradación ambiental amenazan seriamente la vida como la conocemos, es imperativo que tomemos medidas significativas para preservar nuestro entorno y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras y las presentes.

“El Acuerdo de Escazú representa la oportunidad para avanzar en esta dirección y fortalecer nuestra capacidad como nación para abordar los desafíos ambientales de manera efectiva”, argumentó.

“En primer lugar, el Acuerdo de Escazú establece el derecho fundamental de acceder a la información ambiental. Esto significa que las y los ciudadanos tienen el derecho de conocer la información relacionada con el medio ambiente que las autoridades gubernamentales poseen, donde la transparencia es esencial para tomar decisiones informadas y participar activamente en la protección de nuestro medio ambiente”, añadió.

“En segundo lugar, el Acuerdo promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Reconoce que la participación activa de la sociedad civil como clave para desarrollar políticas ambientales eficaces. Porque al incluir a la ciudadanía en este proceso, garantizamos que la toma de decisiones sea representativa de los valores y necesidades de la sociedad en su conjunto”.

“En tercer lugar, el Acuerdo facilita el acceso a la justicia en asuntos ambientales, esto significa que los ciudadanos tienen el derecho de presentar casos en tribunales para impugnar decisiones que afecten negativamente al medio ambiente, componente crucial para asegurar que la justicia prevalezca en casos donde los derechos ambientales se vean amenazados”, precisó.

Al término de su participación, agradeció el trabajo y colaboración de la diputada Aleida Alavez, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena; de la diputada Karen Castrejón, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente; así como a los diputados Eduardo Murat, Esther Martínez y Alfredo Porras; entre otros que promovieron esta iniciativa que “refuerza nuestra posición como defensores de la transparencia, la participación ciudadana y la justicia ambiental”.

Finalmente, hizo un reconocimiento a los doctores Olimpia Castillo, Juan Carlos Carrillo, Tomás Severino y Carlos Ham de Iniciativa Acceso México, que acompañaron esta reforma y que son parte de los impulsores del Acuerdo de Escazú en toda América Latina.