• La iniciativa garantizaría que las instancias de procuración de justicia armonicen y apliquen los protocolos de actuación con la debida diligencia.

La diputada Rocío Natalí Barrera Puc presentó una iniciativa con el objetivo de establecer un mecanismo para que las fiscalías locales y la federal, publiquen y adopten protocolos homologados y especializados con perspectiva de género, en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas y para la investigación del delito de feminicidio.

Para tal fin, la legisladora de Morena propuso adicionar un quinto párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal y recordó que prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres es un compromiso del Estado mexicano.

En su propuesta, Barrera Puc precisó que para la erradicación de la violencia contra las mujeres son fundamentales los protocolos en los procesos de prevención, atención y sanción, como una herramienta técnica objetiva de estandarización del proceso para la actuación por parte de las autoridades correspondientes.

La iniciativa propone fortalecer el marco jurídico y mandatar la homologación de los protocolos para el delito de feminicidio y con ello garantizar que las instancias de procuración de justicia fortalezcan, actualicen y apliquen los protocolos de actuación con la debida diligencia.

Rocío Natalí Barrera destacó que se deben mejorar las herramientas para el acceso de las mujeres a la justicia, ya que a pesar de que existen mandatos en la legislación, las omisiones y negligencias son un tema presente en todos los estados de la República.

Con esta reforma se fortalece la capacitación al personal encomendado a la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

“También se fortalece la coordinación interinstitucional entre las procuradurías para coordinar esfuerzos en la armonización de estos protocolos, y actualizarlos de manera constante”, planteó en su propuesta.

La representante federal recordó que el Comité facultativo de la Cedaw emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, velar porque se capacite de manera sistemática y obligatoria a los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local.

Barrera Puc también sostuvo que el acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva es un derecho fundamental para garantizar el resto de derechos humanos de las mujeres, incluyendo vivir libres de violencia.

Actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece una serie de acciones para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el derecho a la justicia pronta y expedita, sin embargo, dijo, es necesario continuar con los esfuerzos.

De avanzar esta reforma, la Fiscalía General de la República y las procuradurías/fiscalías de justicia de las entidades federativas deberán publicar y adoptar protocolos homologados y especializados, con perspectiva de género, para el delito de feminicidio y en la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.