• La compra de votos y el acarreo es un problema que afecta a todo el país durante las jornadas electorales, apuntó Patricia Armendáriz.

Diputadas federales de Morena, encabezadas por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, instaron, a través de un Punto de Acuerdo, a las autoridades competentes a garantizar seguridad y legalidad en el proceso electoral de 2024, a fin de evitar prácticas antidemocráticas e ilegales, como la compra de votos y acarreo.

Al respecto, la legisladora Armendáriz Guerra apuntó que estas actividades durante los procesos electorales laceran las elecciones y por ende la voluntad popular.

Ante lo cual, explicó, ha promovido reformas legales con el objetivo de corregir el escenario antidemocrático y excluyente, pero que desafortunadamente se han visto retrasadas.

Sin embargo, llamó a las autoridades a “aprovechar el momento histórico y servir verdaderamente al pueblo”; para ello, consideró cuatro políticas públicas que pueden mejorar los resultados del próximo proceso electoral.

Añadió que en los estados más pobres como Chiapas, “no han sido democráticas las elecciones y prevalece la compra del voto, el acarreo y la intimidación”.

El exhorto en comento, explicó la diputada, busca que todas las comunidades con repunte de violencia y las de menos de 500 mil habitantes se desplieguen elementos de la Guardia Nacional durante la jornada electoral.

Además, refirió, se llama al Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a considerar dentro de la estrategia de comunicación social “mensajes que alerten a la ciudadanía sobre los peligros y las consecuencias de vender su voto”.

Así como, puntualizó, a instar al INE a considerar “organizar el transporte de votantes en zonas de alto riesgo y de alta marginación, y en zonas afectadas por desastres naturales”.

Y como cuarto punto, explicó, que el INE promueva el voto entre la ciudadanía, y la realización de documentación exhaustiva de la jornada electoral sobre el voto electrónico, a fin de conformar un informe detallado que se remita al Congreso de la Unión.

Por su parte, la diputada Marisol García Segura subrayó que si bien la compra de voto ya se encuentra tipificada con hasta 3 años de prisión y la presión o manipulación para asistir a actos proselitistas también, ambas prácticas son añejas y propias de los partidos de oposición.

Mientras que la diputada Susana Prieto Terrazas llamó a los legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia a arropar este punto de acuerdo, pues la táctica de compra de voto es aplicada por los partidos de oposición y las evidencias son bastas.