La legisladora propone 9 años de prisión a quien sabotee la infraestructura y comercialice el recurso hídrico.

La diputada federal María Guadalupe Román Ávila presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para castigar hasta con 9 años de prisión el llamado “huachicoleo de agua”, que ha experimentado un crecimiento alarmante, debido al grave desabasto del vital líquido que ya afecta de manera importante a México.

Por lo anterior, Guadalupe Román apuntó que “la falta de legislación penal en la materia vuelve indispensable tipificar dicha práctica ilícita (…), con el fin de preservar este recurso vital para la sociedad y salvaguardar el derecho al agua de toda la ciudadanía”.

Añadió que “el robo de pozos y perforación de tuberías públicas se ha vuelto cada vez más rentable, al grado de crear un mercado negro”, que representa un negocio de más de mil millones de pesos para quienes comercializan este recurso fundamental.

En este tenor, la legisladora aclaró que penalizar desde la extracción, la distribución y almacenamiento de agua potable, cuando no se cuente con la autorización pertinente por autoridades, o bien, licencias o concesiones legalmente estipuladas es indispensable.

Dado que, refirió, “estas actividades ilícitas han provocado que se agrave el desabasto de agua en muchas ciudades del país, afectando no solo a las viviendas, sino también a escuelas, hospitales y comercios”.

La diputada federal argumentó que las afectaciones antes mencionadas, impiden el derecho al agua que consagra la propia Constitución en su artículo cuarto, por lo cual, la propuesta aplicaría una pena de dos a seis años de prisión a quien suministre o distribuya agua, a través de pipa u otro medio de almacenamiento.

Además, el proyecto, explicó, adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal; donde se estipula prisión por tres años, a quien extraiga el vital líquido de una fuente de abastecimiento; o seis años a quien impida el suministro de agua; y el incremento hasta de una mitad de la pena si la persona es un servidor público.

“Pues a pesar de las disposiciones legales existentes, en los últimos años, las sequías y la escasez de agua en parte del territorio nacional, han provocado la proliferación de actividades ilícitas dedicadas al robo y contrabando del vital líquido”, informó.

Ejemplo de ello, es que de acuerdo a la Conagua, durante el periodo de 2012 -2018 se contabilizaron 2 mil 280 tomas clandestinas, y según los datos recogidos por un reportaje de “El Economista”, de 2019 a 2022 se habían detectado 131 mil 603 tomas ilegales.