Como parte de los diálogos nacionales convocados por la Junta de Coordinación Nacional (Jucopo), legisladores y especialistas pertenecientes al servicio público y a organizaciones de la sociedad civil analizaron el paquete de iniciativas enviado por el Poder Ejecutivo Federal en materia de justicia.

Dicho eje involucra 17 iniciativas presentadas por los diversos Grupos Parlamentarios y secundan lo presentado en materia por el titular del Ejecutivo.

En el marco de los Foros de Diálogo Nacional: Reformas Constitucionales para la Justicia, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la bancada apuesta por un Estado austero, el cual requiere un nuevo andamiaje administrativo e institucional.

Citó a José Fabián Ruiz, quien señaló que en México, los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática, toda vez que fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de organismos internacionales para descentralizar la administración pública federal, sin embargo no ha implicado un verdadero proceso de descentralización, sino de desconcentración administrativa.

Por lo anterior, apuntó a la necesidad de reflexionar sobre quienes encabezan dichos órganos y cómo han sido integrados, ya que han garantizado intereses privados con la cooptación de núcleos académicos, políticos y económicos.

Por otro lado, se pronunció a favor de la elección popular de jueces y magistrados, ya que actualmente favorecen a una cúpula sin rendir cuentas.

Por su parte, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, destacó que, con la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de simplificación administrativa, lo que se propone es homologar los procesos administrativos a fin de ir al fondo y combatir la corrupción.

En ese marco, expresó que lo que se quiere con esta propuesta es el fortalecimiento de instituciones en materia a fin de evitar que continúen los casos de corrupción como lo fueron las concesiones por parte de las guarderías privadas subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que llevaron a tragedias como la ocurrida en la Guardería ABC.

Cisneros Luján señaló la importancia de caminar hacia un sistema de justicia en donde haya una mayor participación; “mejores mecanismos para que el Poder Judicial no siga dejando libres a las personas, por ejemplo, integrantes de la delincuencia organizada”.

En su oportunidad, la legisladora Lidia Pérez Bárcenas señaló que no hay un mecanismo de control para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción rinda cuentas al Poder Legislativo ni a la Auditoría Superior de la Federación.

En el mismo tenor, aclaró que la iniciativa del Presidente de ninguna manera busca eliminar el derecho a la transparencia ni obstaculizar el combate a la corrupción y explicó que se pretende trasladar la función de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a la Secretaría de la Función Pública.

“No se elimina el derecho de acceso a la información, no se elimina la política de combate a la corrupción, por el contrario, lo que se está buscando es eliminar una estructura orgánica y, por supuesto que se garantiza a través de diferentes estrategias los derechos humanos establecidos ya en la Constitución, no toca el Comité de Participación Ciudadana, no toca al Comité Coordinador”, concluyó.