· En el pasado ha sido el propio Estado quien ha figurado como el principal ente que no solamente omite, sino que viola los derechos humanos

A pesar de que la Constitución resguarda artículos correspondientes a la protección irrestricta de los derechos humanos, la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, consideró que es necesario modificar el marco normativo a fin de establecer que el Ejecutivo Federal reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; y que el Senado tendrá la facultad exclusiva de aprobar las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos

Además, en la iniciativa de ley que ya presentó, prevé que, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, serán la Ley Suprema de toda la Unión, por tanto, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

En este marco, Pérez Segura explicó que su propuesta, responde a que hay una preocupación latente por las posibles omisiones en las que pudiese incurrir el Estado mexicano en materia de derechos humanos, la cual no es en absoluto gratuita ni mucho menos injustificada, toda vez que en el pasado ha sido el propio Estado quien ha figurado como el principal ente que no solamente omite, sino que es el que más viola los derechos humanos.

Y reiteró que, a pesar de que México cuenta con instrumentos legales sólidos en esa materia, se considera que la ley vigente hay resquicios interpretativos, por lo que no es irracional pensar que puedan ser leídos, en el mejor de los casos, como una condición ineludible para su seguimiento, y en la peor de las lecturas como un obstáculo para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales asumidos por el país en esa materia.

“Apelando a la sensibilidad política y social propia de los nuevos tiempos de cambio verdadero y democracia real que vive nuestro país, y a su vez haciendo eco de reclamos antiquísimos y por demás legítimos en lo que concierne a la defensa y respeto de los derechos humanos, se nos revela como una necesidad imperiosa delinear de manera perspicua las responsabilidades ineludibles que en la materia corresponde al Estado consolidar y hacer efectivas de forma firme y permanente”, afirmó la legisladora.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.