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Conferencia de Prensa de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y coordinadora de la Subcomisión de Violencia de Género, para anunciar un Programa Integral contra el Feminicidio

18 febrero, 2020 - Prensa

DIPUTADA LORENA VILLAVICENCIO AYALA (LVA). Vengo en mi carácter de coordinadora de la Subcomisión de Violencia de Género y Feminicidio a fijar una postura clara sobre los últimos acontecimientos que se han convertido en parte de la realidad de nuestro país, y evidentemente sobre algunas posturas que han asumido por parte del Gobierno sobre el tema de feminicidio.

Empezaría diciendo que es hora de actuar. La vida de las mujeres está en riesgo.

El feminicidio es el resultado de un orden imaginado cientos de años atrás, cuando se acuñaron las jerarquías para mantener el predominio de quienes las crearon sobre los otros. Desde entonces esta diferenciación provocó la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas creencias otorgaron a los hombres una historia de poder, control y dominación, donde quedamos excluidas las mujeres y las niñas.

Desde entonces las mujeres trazamos una ruta para desmontar ese orden con el único propósito de reconocernos como seres iguales a los hombres y ser dueñas de nuestras propias decisiones y destinos como seres autónomos.

Hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos, los cuales hoy están en riesgo y, que se escuche claro, por la violencia que se extiende como pandemia hasta el último rincón del país.

La violencia de género nos está asesinando a casi 11 mujeres y niñas todos los días, lo cual se refuerza y multiplica con la respuesta omisa del Estado, lo cual nos coloca este año como el país con más feminicidios y, lo he dicho una y otra vez, en América Latina.

Ello justifica la existencia la rabia y el dolor, también la frustración de miles de mujeres que hoy nos sentimos indefensas, lo que hace un inaceptable tener como respuesta una moral sustentada en estereotipos de lo que debemos ser.

Las manifestaciones son una representación de la violencia que vivimos todos los días, donde se nos niega con los golpes, las violaciones y la muerte nuestras decisiones como seres autónomos e iguales.

La respuesta sólo puede fincarse en la responsabilidad del Estado para garantizar nuestra integridad física y nuestro derecho a una vida libre de violencia, y al desarrollo libre de nuestra personalidad, así como a la justicia, el derecho a la justicia siempre desde una posición laica, como lo establece el artículo 130 de la Constitución.

Reconocemos a las mujeres que se han apropiado del espacio público en la defensa de la vida de todas las mujeres, negándose a que el cuerpo de una mujer sea un espacio en disputa, un espacio de apropiación, un lugar donde se pactan lealtades con la sangre de una mujer, un cuerpo convertido en mercancía, un espacio ocupado y desechado, o un cuerpo como espacio donde el Estado pueda decidir.

Coincidimos que el neoliberalismo surtió sus más nocivos efectos al invalidar principios que hoy están sustentados en la Constitución, que deberían ser nuestra carta de navegación, como son los Derechos Humanos, generando asimismo una profunda desigualdad social que excluye de cualquier horizonte el desarrollo a las mujeres y niñas.

La pobreza es una forma de violencia que te vuelve invisible y despoja de derechos. Existe, sin duda alguna, una relación intrínseca entre la discriminación y la violencia contra la mujer y esta última es reflejo de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, pero no podemos seguir en el diagnóstico.

Es momento de impulsar una política de Estado. La vida de las mujeres y las niñas está en riesgo. No convirtamos el asesinato de mujeres y niñas en parte de nuestra realidad. No lo merecen ni Ingrid y la pequeña Fátima, ni las casi 4 mil mujeres que han sido asesinadas en el último año en este país.

Nuestro punto de partida es el artículo primero de la Constitución, donde señala claramente que todas las autoridades, sin excepción, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es, en consecuencia, el Estado quien debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que lo establece la ley. Una política de Estado implica dar respuestas con acciones puntuales a las mujeres que se manifiestan contra la violencia y feminicidios, así como a las que no se manifiestan; más aún cuando nos encontramos en una auténtica, que se escuche, una auténtica emergencia nacional por los crímenes de odio contra las mujeres y niñas por razones de género, lo cual implica al Estado Mexicano al no cumplir con su función primigenia de garantizar la integridad y vida de las mujeres y niñas.

Esto involucra a todos los que participamos en la vida pública y estamos obligados a actuar en consecuencia.

La protección del Estado no se no se limita a la agresión violenta, sino a toda forma de discriminación por razones de género lo cual debe interpretarse en su forma más amplia en todos los aspectos de las niñas y mujeres, no sólo en su calidad de víctimas o de violencia feminicida. La labor del Estado no de situarse solamente en la investigación y en la sanción, sino también en la prevención, porque tenemos claro que la discriminación con el paso del tiempo se vuelve en una acción violenta en contra de las mujeres y las niñas.

En mi carácter de legisladora, que no nada más soy la responsable del tema de feminicidio, sino me asumo con una defensora de los derechos humanos, quiero hacer un llamado a la Cámara de Diputados para que convoque a los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como la Fiscalía General de la República, para elaborar un Programa Integral contra el Feminicidio, para ser presentado en las primeras dos semanas del mes de marzo. Ya no hay tiempo. Lo que está de por medio es la vida de las mujeres que están exigiendo una respuesta puntual.

Dicho programa debe tener objetivos claros y medibles que garantizan la prevención, detección, investigación, atención, sanción y como consecuencia la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas por razones de género; a partir del cual, se comprometa… a partir de este programa de Estado, se comprometan los gobiernos estatales, municipales, Congresos locales, Fiscalías, Juzgados y Tribunales, y que estos acuerdos, también hay que decirlo con mucha claridad, vayan acompañados de un presupuesto suficiente.

El momento exige la responsabilidad de quienes tenemos una función pública; unificar acciones estratégicas y el compromiso de garantizar el primer derecho que tenemos todas las mujeres y niñas mexicanas, como es el derecho a la vida y a su protección.

Es hora de dar respuestas claras, precisas, contundentes, para garantizar el derecho a la vida libre de violencia a todas las mujeres que habitan en este país, y que el derecho debe incluir el derecho a ser libre en toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones y estereotipos de comportamiento.

Por la justicia, la vida y la dignidad de las mujeres, actuemos ya. Los feminicidios son una emergencia nacional.

 

 

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/rvi93iauGNU

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Tus Diputados Morena
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#MorenaInforma Nuestro coordinador @mario_delgado1 informó que mañana se someterá a votación la integración de la Sección Instructora, la cual realizará la revisión y posible proceso de desafuero del diputado Cipriano Charrez

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