DIPUTADA LORENA VILLAVICENCIO AYALA (LVA)… me siento obligada a hacer un pronunciamiento en relación a lo que ha estado pasando en entre el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; me tomé la libertad de hacer un boletín de prensa para ser muy precisa y muy categórica en mi posicionamiento al respecto. Y comentar lo siguiente:

En recientes fechas el Ejecutivo Federal ha trastocado la relación institucional entre el Poder que representa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trasladando el respeto entre dos instituciones al ámbito de la descalificación personal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos surge como un organismo constitucionalmente autónomo, con su naturaleza de oposición a las entidades del Estado, dada su responsabilidad de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

Su misión en la vida democrática del país es investigar y denunciar las violaciones que las autoridades cometen en contra de los derechos de los ciudadanos.

No es un ente político que se rija bajo una preferencia electoral o partidaria; no debe ser tampoco aval o dique para las políticas públicas, ni para las decisiones que desde el poder legítimamente electo se tomen.

Es ante todo –y esto es muy importante que entienda- un organismo que vela por el ejercicio pleno de los derechos humanos para la población, más para aquella que se considera vulnerable.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es tampoco fiscal, ministerio público, policía o juez.

No es su función garantizar la justicia, ni mucho menos alguacil del Ejecutivo, no debemos confundir sus funciones, porque caeríamos en la distorsión de su misión.

Todas las autoridades están obligadas a prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga y emite recomendación, de igual forma, lo tenemos Poder Legislativo, no sólo respecto a las recomendaciones, sino tenemos la responsabilidad de atender las sentencias sobre acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte emite, como consecuencia del ejercicio de funciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como país, no debemos caer en apreciaciones subjetivas y calificar la estatura moral de la Institución que le pertenece a todos los mexicanos.

Para nadie es una novedad que el país vive una profunda crisis en el acceso a los derechos humanos.

De hecho, en la última reunión en la que la pudimos participar en la Secretaría de Gobernación, se habla de que hay más de 3 mil recomendaciones de distintos organismos internacionales, no sólo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde podemos decir que en cada una de estas recomendaciones se está hablando de violaciones distintas a los derechos humanos.

Esto es lo que nos manifiesta que el país vive en una profunda crisis en el acceso de los derechos humanos, miles de homicidios, desapariciones forzadas, crímenes impunes y una lacerante miseria que, de acuerdo a Coneval tiene a 3 de cada 10 mexicanos viviendo con hambre.

Sin embargo, es inadecuado comunicar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es responsable o cómplice de esta crisis, que no ha estado a la altura de la misma, por su posible omisión en algunos casos emblemáticos de sexenios anteriores, que por respecto a las víctimas no se mencionan.

El Ejecutivo Federal tiene hoy la oportunidad, la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso para atender las violaciones del pasado y comprender que en su posición actual la Comisión Nacional de Derechos Humanos es contrapeso, no comparsa.

Pero no es un enemigo; la necesidad de crear este organismo autónomo, es importante recordarlo, viene de las luchas sociales de izquierda, donde el mismo Ejecutivo era juez y parte, anteriormente así se resolvían los problemas de derechos humanos para atender las violaciones a los mismos.

Esta es una institución que se generó por parte de quienes tenemos y compartimos una visión democrática, quienes creemos que tiene que ser un órgano autónomo el que vele justamente el ejercicio pleno de los derechos humanos, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y además nos parece que descalificar a los contrapesos autónomos, tachándolos de cómplices de gobiernos anteriores y por tanto de enemigos con base en percepciones subjetivas, disminuye el fortalecimiento institucional sobre el cual debe sustentarse o basarse la democracia.

La pretensión de etiquetar con matices políticos las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo tendrán el efecto de ocultar el mensaje, pero las acciones arbitrarias que lesionan los derechos de las personas de este país, permanecen sin atención. Y hay que decirlo con toda claridad.

Es por ello que como Integrante activa de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, manifiesto mi solidaridad y mi reconocimiento a la labor institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si existieren omisiones o fallos en su ejercicio de funciones, solicito se corrijan a la brevedad con respeto pleno a su autonomía. Pero señalo que la conducta que ha asumido el Ejecutivo Federal, trastoca la relación entre las instituciones y disminuye su entendimiento.

Pretender que la Comisión de Derechos Humanos no exprese sus resoluciones, no sólo podría considerarse desdén o censura, sino tendría como consecuencia la omisión de las autoridades competentes para atender las resoluciones y de esta forma respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución.

En el pasado, el Ejecutivo Federal fue omiso y ausente ante la voz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un gobierno que se precie democrático como el que tenemos actualmente de izquierda, debe conducirse con probidad y respeto, pero ante todo, comprender que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo que necesariamente para el ejercicio de su función, debe oponerse al Estado, para cumplir con la tarea que la Constitución le ha encomendado y no ser comparsa del gobierno en turno.

Hago votos, para que el Ejecutivo Federal, reflexione sobre el papel que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la vida democrática del país y atienda las recomendaciones en beneficio de las personas que hoy día siguen clamando justicia, y que sin duda fueron artífices del triunfo electoral de hace un año, con la esperanza puesta en nosotros para generar un verdadero cambio.

Y hago esta recomendación y comento que esto va acompañado de un punto de acuerdo que presentaré en la próxima Comisión Permanente del próximo miércoles, en el mismo sentido. Les voy a dar la lectura a los dos puntos que estamos promoviendo del punto de acuerdo que se presentará, en el sentido de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal a respetar la relación institucional entre la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurando, porque además es una obligación, atender las recomendaciones que han sido emitidas en beneficio de la población.

Segundo, que la Comisión Permanente también del Congreso de la Unión exhorte al gobierno de México y en especial al Presidente de la República a dar cumplimiento efectivo de todas las recomendaciones nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.

Como ya decía, estamos hablando de 3 mil recomendaciones que me parecen muy importante que se atiendan lo más pronto posible y que desde luego, como integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos siempre dispuestos a generar las condiciones para el fortalecimiento de la relación entre este órgano del Estado, que es patrimonio de los mexicanos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también el fortalecimiento de las políticas públicas que atiendan la promoción y atención, y el cumplimiento de los derechos humanos que establece el artículo primero de la Constitución, y que todas las autoridades están obligadas a respetar.

Ese sería el punto de acuerdo, y decirles finalmente que estamos nosotros haciendo una propuesta de modificación para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo se mantenga, sino sea fortalecida y que sus resoluciones tengan carácter vinculante para las autoridades a las que se les hacen estas recomendaciones.

Es decir, serían de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades y así garantizar el pleno cumplimiento y el ejercicio de cada uno de los derechos humanos para los habitantes de este país.

Eso sería todo.

PREGUNTA (P). Inaudible.

LVA. Sí, eso tendría que ser una reforma constitucional. Actualmente son recomendaciones que evidentemente tienen más peso político que jurídico y bueno, evidentemente las autoridades tienen la obligación de observar estas recomendaciones.

Pero hemos visto que esta observación no siempre se cumple cabalmente con ellas, y por eso tenemos una crisis muy seria en este país de derechos humanos.

Y decirles que, como ya lo señalé en el cuerpo del documento al que le di lectura, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es juez. No es la que tiene como responsabilidad la aplicación de la justicia.

Me parece que en todo caso, el Presidente de la República debería de estar mucho más atento de que el Poder Judicial haga realmente su trabajo para acabar con la corrupción y la impunidad en la que estamos viviendo.

La Comisión de Derechos Humanos simple y llanamente tiene como atribución el velar por el cumplimiento de los derechos humanos que consagra la Constitución y muchos convenios internacionales, a través de sus recomendaciones.

Por eso creemos que hay que fortalecer a un organismo de este tipo que existe en todos los países democráticos y que han fortalecido y que han sido garantes de la observancia de los derechos humanos.

Sí. Adelante.

P. Buen día, diputada. Sólo para preguntarles si en este caso el llamado que usted hace, qué implicaría por ejemplo para la recomendación que emitió la Comisión respecto al tema de estancias infantiles, ya que vemos que el Ejecutivo directamente, a pesar de que dijo que acataría el fallo del Poder Judicial, respecto de la Comisión dijo que no había posibilidad y no iban a echar para atrás este programa.

El tipo de facultad que usted plantea, representaría por ejemplo que esta decisión vinculante se echara para atrás un programa de gobierno.

LVA. Efectivamente si tiene facultades, si sus recomendaciones son vinculatorias, efectivamente tendría que, cualquier autoridad, cualquier entidad que forma parte del Estado tendría que cumplirlas.

Además decirles, aprovecho para fijar mi postura, que ya la conocen, la he manifestado en diferentes ocasiones, me parece que la recomendación que se hizo en materia de estancias infantiles es muy importante, ¿por qué?, porque hay un principio que se tiene que cumplir que se establece en el artículo 1º de la Constitución, que es el principio de la progresividad, es decir, cuando tú ganas un derecho humano, no puedes retroceder.

Entonces, en el caso concreto de las estancias infantiles, se ganó como derecho humano la defensa del interés superior de los niños y la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la educación inicial, una educación integral para los niños.

En este país tenemos 6 millones de niños y fueron afectados con el programa de estancias infantiles 365 mil niños; entonces nos parece que ese derecho no debió haber sido cancelado porque se trata de un derecho que ya fue ganado y viola abiertamente el hecho de suspender este tipo de política pues justamente el principio de progresividad, como así lo señaló en su recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien además está obligada a atender las diferentes quejas que se le presenten, como fue el caso, que fueron las propias integrantes de las estancias infantiles, algunas madres que fueron afectadas por esta medida y tiene la obligación de darle una respuesta.

Entonces, me parece que estas cosas no se deben politizar, se trata de una institución autónoma y que sus observaciones deben ser concluidas por todas las entidades que forman parte del Estado mexicano.

P. Quisiera preguntarle en segunda instancia, respecto al tema de la Comisión y las descalificaciones que ha recibido, uno de los principales señalamientos fue en el caso de Ayotzinapa, pues prácticamente respaldaba la versión de las autoridades del Gobierno Federal en ese momento, contradiciendo lo que decían los propios expertos internacionales que vinieron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este caso, cuál debería ser el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se contraponen estas dos visiones y digamos un gobierno que nos aferró a una verdad histórica que finalmente se descartó.

LVA. Sí, bueno, yo no quisiera hacer una valoración específica sobre el caso de Ayotzinapa ni quiero calificar cada una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Me parece, como lo digo, estas recomendaciones deben ser atendidas y las recomendaciones deben de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Y en ese caso, el caso de Ayotzinapa, pues evidentemente, seguramente, con los elementos que tenían en ese momento, pues hicieron la recomendación correspondiente, no quisiera yo calificarla de positiva o negativa, porque no sé cuáles son los elementos que hay en el expediente o la queja que fue presentada o promovida directamente por ellos en el caso de Ayotzinapa y tampoco quisiera validar la recomendación.

Sin embargo, me parece que cada una de las entidades que forman parte del Estado mexicano tiene la obligación de atender las recomendaciones de un órgano que fue creado justamente para hacer valer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de la autoridad.

No son comparsa del Gobierno, son contrapeso, y eso lo tenemos que tener muy claro. Y así como a lo mejor ha habido algunas recomendaciones que nos pueden parecer dudosas, también hay recomendaciones que sin duda alguna están velando por el ejercicio cabal de los derechos humanos en este país.

Ha sido, es una institución que me parece que es patrimonio de todos los mexicanos, y más ante la ausencia evidente del acceso a la justicia en este país. La gente cree más en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en la posibilidad de que se ejerza o se acceda a la justicia.

Entonces, mucha gente, justamente por la no aplicación irrestricta de la ley por parte de los órganos que tienen la atribución de generar la justicia, pues acuden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésa es la realidad de este país.

P. Gracias, diputada, qué le han dicho, si es que ya lo ha platicado con su bancada, respecto a este punto de acuerdo y este posicionamiento, no sé si la vayan a apoyar.

Y dos, la Suprema Corte el día de ayer, y a propósito de la CNDH, resolvió también que en la CNDH ganen más de lo que gana el Presidente, su opinión también al respecto si son necesarios estos salarios para llevar a cabo la labor o qué opinión tiene al respecto. Gracias.

LVA. Bueno, yo, con respecto a los salarios, siempre lo he dicho que me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo todas las instituciones del Estado para hacer los ajustes correspondientes y tener un salario adecuado.

No me parece correcto que se tengan salarios demasiado altos, como los que tiene, entiendo que se refiere a los integrantes del Poder Judicial; el Poder Judicial, más bien el Legislativo estableció este tipo de salarios justamente para garantizar la autonomía de los integrantes del Poder Judicial.

Esta autonomía no se garantizaba con salarios altos y nos parecen excesivos y nos parece importante que ellos también hagan una esfuerzo y que hagan una valoración de su salario para que hagan el ajuste correspondiente. Eso me parece que es muy importante.

P. Eran más bien los funcionarios de mando alto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 40 por ciento más pueden ganar incluso que el Presidente.

LVA. Bueno, a mí me parece que en todo caso se tendría que hacer un replanteamiento de lo que gana el Presidente para que todos estuviéramos en una marco adecuado en el tema de los salarios de los altos funcionarios de este país.

P. (Inaudible).

LVA. Bueno, yo aquí lo dije con toda claridad, soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados y no me puedo mantener al margen de un tema que me preocupa.

Me preocupa que haya tensión entre la presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

P. Buen día, diputada, preguntarte sobre esta decisión del presidente López Obrador de no querer acatar la recomendación de la CNDH, precisamente porque piensa que va en contra de sus decisiones.

¿Estas medidas autoritarias que toma el mandatario ponen en riesgo o no el carácter autónomo que tienen otros organismos? Pues cuando se trata de hacerle alguna recomendación él dice, pues no la voy a acatar, si no le da la gana, el riesgo en que están estos grupos.

LVA. Bueno, yo no quisiera calificar al gobierno de la República, pero sí me parece que no se ha entendido adecuadamente cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No se ha entendido que justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos surge como un contrapeso y como un garante del ejercicio y del respeto a los derechos humanos de los mexicanos y esto evidentemente por eso se le otorga la atribución de hacerle recomendaciones a todas las entidades del gobierno y del Estado mexicano, son recomendaciones que deberían tener carácter obligatorio, lamentablemente no las tienen.

Sin embargo, me parece que sí deberíamos todos abonar para que se mejore la relación entre estas instituciones y que se mejore notablemente el ejercicio de los derechos humanos en este país.

Hay una crisis de los derechos humanos, ya se ha dicho en diferentes foros, y me parece que no contribuye el hecho de que haya un distanciamiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo de este país.

P. (…) La CNDH está bien fundamentada, porque hizo un estudio, realizó un estudio para dar esta recomendación que parece que al mandatario federal le molesta que se hagan estas observaciones porque va en contra de lo que él ya ha establecido.

LVA. Aquí yo simplemente recordaría que nadie está por encima de la ley, los derechos humanos son obligatorios, de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y obviamente quienes tienen mayor responsabilidad y obligación son las propias autoridades y no podemos poner en entredicho la aplicación de la ley.

En este caso, evidentemente México ha suscrito muchos convenios internacionales donde el Estado está obligado a velar por el interés superior de la niñez, a garantizar una educación inicial que les dé todos los elementos para su mejor desarrollo, esto quiere decir que el gobierno tiene la responsabilidad con estos niños y con estas madres y evidentemente las tiene que cumplir.

Entonces, lo único que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos es hacer toda la relación de las leyes que se están vulnerando con esta decisión que, insisto, vulnera el principio de progresividad que implica que derecho ganado, derecho que no se puede retroceder.

Entonces, yo sí pediría que se respetara esta decisión y que restituyéramos este derecho para los niños y para las madres trabajadoras.

Sí, adelante Alejandra.

P. Gracias diputada, yo quisiera preguntarle, bueno esta no es la primera diferencia que tiene el presidente con la CNHD, incluso no acudió al informe que presentaron, siendo el primer presidente que lo hace así.

Quisiera preguntarle dos cosas, primero, si ¿usted considera que esto es un indicio de una posible mayor ruptura en el futuro, si usted ve una mayor ruptura entre la CNDH y el gobierno del presidente Andrés Manuel en el futuro?

Y también quisiera preguntarle ¿con qué adjetivo calificaría esta actitud del presidente de estar desdeñando a la CNDH y su actuar? Gracias.

LVA. Bueno, yo espero que no se aumente la distancia entre estas dos instituciones, abonaría justamente para que hubiera un entendimiento y que se entienda claramente por parte del Ejecutivo las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que pare decirlo con toda claridad, no se ha entendido por parte del Ejecutivo federal cuál es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y valdría la pena que hiciera una reconsideración al respecto.

P. Buenas tardes diputada, quiero preguntarte qué opinión tienes o qué sabor de boca te dejó, bueno esta información que salió en los últimos días de que no había sustento sobre los niños fantasma, que nunca ninguna institución del gobierno mexicano pudo reportar dónde estaban ubicados los niños fantasma o qué registros tenían de dónde estaban los niños y que sustentaban la suspensión del programa también con información de la evaluación del DIF en que con faltas menores de las estancias y que no había realmente reportes de irregularidades graves en este informe del DIF y que al final de cuentas no hay ningún sustento oficial para comprobar que había todas estas irregularidades con las que suspendieron el programa de las estancias.

LVA. Bueno, primero decirles que me parece totalmente lamentable que se descalifique un programa sobre elementos que no se han acreditado hasta el momento y que en todo caso si se tuvieran esos elementos me parece que lo primero que se debió haber hecho en ese momento fue proceder y presentarlos frente a la autoridad competente, si son anomalías pues que se proceda, porque si no lo único que estamos haciendo es prohijando la impunidad que justamente es lo que estamos evitando.

Tengo entendido que efectivamente no se han acreditado estos famosos niños fantasma y me parece que eso fortalece aún más la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la determinación del Poder Judicial y que debería restituirse este programa que está beneficiando a la niñez mexicana y a muchas mujeres trabajadoras que no están pidiendo dinero, que son mujeres que están en búsqueda de su propia autonomía, entonces me parece que el haber eliminado una política pública de ese tamaño fue un error, eso me parece.

 

 

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