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Diputada Federal de Morena denuncia ante la FEPADE al Gobernador de Coahuila por condicionar a la población los programas sociales estatales, con la afiliación al PRI, en el marco del Proceso Electoral 2021

18 marzo, 2021 - Prensa

La Diputada Melba Nelia Farías Zambrano denunció al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, servidores públicos del estado y ciudadanos que resulten responsables por el uso de los recursos públicos relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar al partido revolucionario institucional (PRI) durante el actual Proceso Electoral.

La Diputada Melba Nelia Farías Zambrano denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en Coahuila, al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, servidores públicos del estado y ciudadanos que resulten responsables por:

1) Uso indebido de recursos públicos relacionados con programas sociales, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar al partido revolucionario institucional (PRI) durante el actual proceso electoral.

2) Condicionar y amenazar con el cumplimiento o suspensión de los programas sociales, a beneficiarios de los apoyos por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor del partido político PRI.

3) Violentar principios democráticos de neutralidad de autoridades estatales, equidad, imparcialidad y de legitimidad del proceso electoral, afectando así el libre desarrollo y equilibrio que debe prevalecer en los procesos electorales de nuestro país.

Lo anterior durante la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con Folio 2100022276-D776D0, en donde precisa que por acción u omisión el Gobernador de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís y servidores públicos del estado, al usar o permitir el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar al partido revolucionario institucional (PRI) durante el actual proceso electoral, así como, el hecho de que ciudadanos o servidores públicos condicionen y amenacen con el cumplimiento o suspensión de los programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición, vulneran derechos político electorales de la población coahuilense y violenta principios democráticos afectando el libre y adecuado desarrollo del actual proceso electoral federal 2021.

La denuncia se fundamenta en el artículo 7 fracción VII, párrafo tercero y 11 fracción II y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha ley también señala que tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además, tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral; en el mismo tenor estipula que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley y que con independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la comisión de los delitos previstos en dicha ley, la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Para la Diputada Melba Farías, los hechos denunciados trastocan principios democráticos de neutralidad de autoridades estatales, equidad, imparcialidad y de legitimidad del proceso electoral, afectando así el libre desarrollo y equilibrio que debe prevalecer en los procesos electorales de nuestro país.

Explicó que el Gobernador de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís, servidores públicos del estado, ciudadanos y partidos políticos deben en todo momento abstenerse de realizar actos como los denunciados, específicamente el PRI Coahuila, debe dejar de realizar conductas arraigadas y habituales entre sus militantes como la de ser intermediarios entre gobierno y población para la entrega de programas sociales, pues no solo no le corresponde, es además de un lucro político indebido, una conducta delictiva establecida en el ordenamiento jurídico nacional.

La legisladora federal de morena, consideró que el Gobernador de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís, servidores públicos del estado y ciudadanos que resulten responsables de las conductas denunciadas, deben ser sancionados conforme a la legislación vigente en la materia.

Melba Farías señaló que el Gobernador debe sacar las manos del proceso electoral porque tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, asimismo solicitó al PRI dejar de utilizar, aunque sea su costumbre, los programas sociales del estado, porque estos se solventan con recursos públicos, y no deben intervenir, condicionar o amenazar con su entrega a la población.

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