· Se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere estos dispositivos.

· La propuesta corresponde a la necesidad de eliminar desde la ley el uso indiscriminado y aplicación de inhibidores de señal por parte de la delincuencia: Juanita Guerra.

Con 399 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

Además, el proyecto aprobado, el cual adiciona un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, indica que se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere esos dispositivos y, si el delito fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se impondrá pena de 15 a 18 años de prisión.

Desde tribuna la diputada Juanita Guerra Mena, promovente de la iniciativa, mencionó que ante la preocupante situación del robo de vehículos de transporte de carga es prudente gestionar el marco jurídico en materia de seguridad y de transportes, por lo que en el dictamen se establece la prohibición del uso de dispositivos de bloqueo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés).

Al argumentar el proyecto de dictamen, señaló que los legisladores trabajaron de la mano con la sociedad civil organizada para lograr regular eficazmente el uso de los inhibidores de señal y, sobre todo, sancionar a quienes hagan uso de dichos instrumentos.

Explicó que se estipula que con excepción, se podrá instruir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores así como para el uso y operación por parte de las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional.

De lo anterior, Guerra Mena comentó que se requiere dotar de los elementos necesarios para que el Estado brinde la seguridad a la soberanía de la nación y garantice eficientemente la prestación de servicios públicos de interés general en telecomunicaciones y radiodifusión.

“La propuesta de restringir el uso de dominados inhibidores de señal GPS, a fin de que los mismos solamente puedan ser utilizados por la autoridad encargada del orden coactivo, corresponden a la necesidad de eliminar desde la ley su uso indiscriminado y su aplicación por parte de la delincuencia”, precisó.

La diputada de Morena fundamentó que los inhibidores del GPS fueron pensados en situaciones muy concretas y para su aplicación en los recursos, centrados en la reinserción social y los centros penitenciarios.

Pero, ante su amplio margen de comercialización y distribución, su bajo costo y la falta de regulación normativa, generó que los inhibidores fueran utilizados por la comisión de delitos, relacionados con el robo de autotransporte.

“El bloquear el dispositivo de GPS el conductor del vehículo no sólo queda imposibilitado a alertar sobre el hecho, sino también pone en riesgo hasta su integridad, sino que además las empresas no pueden recibir información del sistema de posicionamiento global que la órbita sobre la tierra, pues se cortan inmediatamente las conexiones entre dispositivos del GPS y los satélites”, dijo.

Juanita Guerra, preocupada por generar las condiciones para un país más seguro y adecuado a las normas de usos y aplicación de la tecnología, indicó que con el dictamen se evitará que los bloqueadores sean empleados para llevar a cabo conductas ilícitas, mediante la generación de interferencias perjudiciales que ponen en riesgo las redes, los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la seguridad de las personas en general.

De esta manera, concretó, estamos aprobando una modificación que beneficia no sólo para la industria de autotransporte, sino para los millones de mexicanos y mexicanas que hacen uso de las carreteras en el país, y que buscan llegar seguros a su destino.