· Con el aval de 271 votos a favor de las conclusiones emitidas por la Sección Instructora, seguirá el proceso a la inculpada por los actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos y de su buen despacho.

· Después de 94 años, se tiene la posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada a altos funcionarios: Tatiana Clouthier.

· Lo que estamos acusando aquí no es una persona, sino a un gobierno y la forma corrupta de administrar: Pablo Gómez.

El Pleno de la Cámara de Diputados como órgano de acusación en el juicio político que se sigue contra el expediente con número SI/LXIV/JP/01/2019, aprobó con 271 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha lugar el proceso jurídico a la inculpada por los actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cuando se desempeñó como secretaria de Estado.

En consecuencia, el Senado de la República dictará sentencia a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaría de despacho durante el periodo del 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018.

Desde tribuna, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, en su calidad de denunciante, expresó que actualmente se viven momentos históricos, ya que, por primera vez, después de 94 años, se tiene la posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada a los altos funcionarios públicos.

“La corrupción ha sido el mal que ha puesto en riesgo los mismos cimientos de nuestra República y del orden constitucional, es hoy donde debemos mostrarnos como la culminación de los actos que se iniciaron a través de las comisiones de la Auditoría Superior de la Federación”, consideró.

La legisladora acotó que el juicio político no es un tema de nombres, no es un tema de partidos, no es un tema de chivos expiatorios ni tampoco, como algunos quisieron decir, de verdugos.

“Hay, al día de hoy, 25 denuncias penales derivado de los hechos que hoy expresamos aquí. Entonces, si a eso le llamamos así, no sé cuántas denuncias penales tiene que haber para poder que entendamos lo que la justicia demanda”, apuntó.

Asimismo, reiteró que el instrumento del juicio político es una medida para llamar a cuentas a aquellos funcionarios públicos que dieron la espalda al juramento que hicieron al tomar protesta de su encargo: guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Y, agregó que la acusación se debió a que, en las auditorías practicadas por la Auditoría Superior, se comprobó que la entonces secretaria de Desarrollo Social y la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, provocó un daño patrimonial al Estado mexicano por más de 5 mil millones de pesos.

Por su parte, el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, al presentar las conclusiones del órgano legislativo declaró ha lugar el juicio político ya que la acusación se basa “en lo que dentro de la Cámara se hizo por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.

Fundamentó que hubiera sido grave que la Cámara de Diputados guardara silencio cuando fue la propia Auditoría Superior la que documentó la “Estafa Maestra”, en donde se hubiera mantenido “una nefasta tradición de que solo el presidente puede impartir justicia política, el Congreso, por decisión propia otra vez, entre comillas, abdicara, renunciara a sus facultades constitucionales”.

Pablo Gómez, subrayó que con la aprobación de ha lugar del juicio político es un momento histórico, no solo porque se recupera una facultad constitucional perdida en los hechos, ya que el presidente no tenía facultades metaconstitucionales, ejercía facultades que no eran suyas.

“Esto se acabó. Se acabó porque se acabó. Y porque no queremos volver al mismo esquema de antes, lo ha dicho el presidente de la República con toda la autoridad y la fuerza de su investidura: se ha acabado y debe acabarse. Por eso actúa la Cámara, no es un asunto de discursos nada más, sino de acciones bien”, marcó.

El presidente de la Sección Instructora sostuvo que dicho dictamen se apoyó de los expedientes de la Fiscalía General de la República, en lo que se han informado los propios organismos que fueron utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión.

“Lo que estamos acusando aquí no es una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal, desapegado de la ley y de manera completamente corrupta”, señaló.

Asimismo, agregó que no es un asunto personal, ya que la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado.

“No nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba, y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados. Hemos tomado la Estafa Maestra porque la Auditoría Superior puso todo en claro, pero esa Estafa Maestra está presente en Pemex y en otros lados que nosotros no investigamos porque nos ceñimos estrictamente a la Constitución y a la ley”, indicó.

Gómez Álvarez externó que en el órgano legislativo se mantuvo en apego a las denuncias presentadas y los procedimientos abiertos en la Cámara.

“La presunción de inocencia siempre se respetó. El periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera o lo ofreciera y nosotros íbamos por las pruebas a donde fuera, con la capacidad de autoridad jurisdiccional que tiene esta Cámara en materia de Juicio Político”, concluyó.