La migración es un complejo fenómeno relacionado con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida cotidiana en un mundo cada vez más interconectado, está intrínsecamente relacionada con la geopolítica, el comercio y los intercambios culturales, y ofrece a los países, las empresas y las comunidades la oportunidad de beneficiarse enormemente de ella.

Este fenómeno ha contribuido a mejorar la vida de las personas tanto en los países de origen como en los de destino y ha brindado a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de forjarse una vida segura y plena en el extranjero. Sin embargo, no todos los movimientos migratorios se producen en circunstancias favorables.

Los Estados han acordado debatir y negociar nuevos instrumentos de gobernanza mundial y es indicativo del creciente reconocimiento de la importancia que reviste mejorar nuestro entendimiento común sobre las dinámicas y la complejidad de la migración y los desplazamientos internacionales, y abordar estas cuestiones a nivel mundial.

Por otro lado, en América Latina, el resurgimiento de la “sociedad civil” como actor político relevante a nivel mundial están en general fuertemente asociadas a las ideas de democracia. Para este caso, las organizaciones de la sociedad civil también trabajan en favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, no sólo se lleva a cabo en el marco del derecho a defender y promover derechos humanos.

Es importante señalar que, el trabajo sin fines de lucro que diariamente impulsan las organizaciones de la sociedad civil en favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, no sólo se lleva a cabo en el marco del derecho a defender y promover derechos humanos, sino que además pueden desempeñar un trabajo humanitario para cubrir las necesidades indispensables de esta población como alimentación, vestido, aseo personal pero estos insumos provienen de trabajo voluntario, donaciones o perciben fondos por parte de financiadoras privadas internacionales, las cuales cuentan con los estándares más altos de rendición de cuentas y transparencia.

Según la Ley de Asistencia Social para el estado de Baja California, la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de la familia, así como la protección física y social de personas en estado de necesidad y desprotección, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Además de suministrar ayudas de bienes básicos de subsistencia, también la idealización de planes que defiendan los derechos de aquellos que no tienen voz. Las acciones de estas organizaciones son la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos, denuncia de la pasividad de muchos gobiernos ante la falta de derechos humanos, propuesta de nuevas leyes y Convenios internacionales, presión política y educación en derechos humanos.

Por lo que las organizaciones e instituciones, con domicilio en el Estado de Baja California requieren de servicios públicos que le son indispensables para realizar sus funciones, como lo es, el servicio de agua que prevén los organismos operadores del agua en el estado. Y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Migración el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.

En función de lo antes expuesto, el 22 de febrero de 2019 el Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador del estado de Baja California, en ejercicio de sus facultades conferidas emitió el decreto por el que se exime del pago de derechos por consumo de agua a las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, asociaciones civiles e instituciones de asistencia social privada, siempre y cuando acrediten ese carácter en los términos de dicho decreto.

El decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Baja California el 8 de marzo de 2019 y estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2019 el cual ha tenido resultados positivos, frente a la presión migratoria que se vive en la entidad, en donde se siguen acumulando migrantes en retorno, o en tránsito que requieren del apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, así como de las asociaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil.

Es por ello que he exhortado respetuosamente al Gobernador del estado de Baja California, a la exención del pago de derechos por consumo de agua previstos en la Ley de Ingresos del estado de Baja california para el ejercicio fiscal 2020, a las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, instituciones de asistencia social privada, siempre y cuando acrediten ese carácter y tengan un fin altruista; y a las asociaciones que se encuentren constituidas en términos de lo previsto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.