Afirmó que la Iniciativa Preferente del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha traído de vuelta el afán opositor de inventar fantasmas para luego atacarlos, “no tienen la mayoría ni les asiste la razón”

- Dijo que la reforma sencillamente pretende terminar con el saqueo legalizado que significaron los sucesivos cambios del periodo neoliberal, creados para favorecer a grandes consorcios nacionales y extranjeros en detrimento del erario público de la Nación

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que la Iniciativa Preferente del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Industria Eléctrica ha traído de vuelta el afán opositor de inventar fantasmas para luego atacarlos.

“No tienen la mayoría ni les asiste la razón, por ello buscan bonos electorales en la práctica sistemática de la mentira”, expuso.

Dijo que la reforma sencillamente pretende terminar con el saqueo legalizado que significaron los sucesivos cambios del periodo neoliberal, creados para favorecer a grandes consorcios nacionales y extranjeros en detrimento del erario público de la Nación.

Al argumento de la oposición en el sentido de que la reforma es inconstitucional, señaló que el Artículo 28 establece claramente la facultad estatal del control y distribución de la energía eléctrica.

“Hablan de que contradice nuestros acuerdos comerciales, pero omiten decir que el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá contiene previsiones sobre el manejo soberano de las políticas energéticas de cada país”, indicó.

La iniciativa, abundó la legisladora federal, mantiene la participación de los privados, pero sin los gigantescos subsidios, excesivos, creados por el marco jurídico de Enrique Peña Nieto, “propone, como todas las acciones de este gobierno, obtener un beneficio para las mayorías con un servicio eléctrico de calidad y a precios accesibles”.

Sostuvo que, a través de sus muchos voceros, los gigantes del sector alzan la bandera de la protección del medio ambiente cuando muchos de sus procesos son muy cuestionables por no resultar limpios, baratos ni honestos, como argumentan.

“No se trata de dar privilegios a la CFE sino de establecer un piso parejo que fue eliminado por la reforma neoliberal de Peña Nieto pagada con sobornos. El país necesita que el abasto de electricidad sea seguro, poner fin al gigantesco endeudamiento de la Comisión y, sobre todo, que no se aumenten las tarifas eléctricas en un momento de crisis económica como la derivada de la pandemia”, finalizó.