· Anuncian la propuesta de Iniciativa que reforma el Código Penal Federal y la Ley de Salud, en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres.

· Diputadas coinciden en que se debe garantizar que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, lo hagan en las condiciones óptimas de seguridad médica, legalidad e higiene, sin penalización.

Diputadas del Grupo Parlamentario de Morena impulsarán una iniciativa para que se despenalice el aborto en todo el país, a través de reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, asegurando a las mujeres el acceso a servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo legal y segura.

Las diputadas de la Legislatura de la Paridad de Género coincidieron en que es necesario legislar para asegurar que todas las mujeres en México cuenten con las mismas garantías de protección de sus derechos, además de afianzar su autonomía reproductiva para el momento que lo soliciten, y avalando que sus derechos humanos, sexuales y reproductivos sean asumidos por el Estado mexicano.

Para ello, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que no se puede dar ni un paso atrás en el camino a la igualdad sustantiva que garantice los derechos de las mujeres, por lo que dijo que despenalizar el aborto es un avance que durante años no fue posible y hoy lo es, porque ha llegado una mayoría responsable a las Cámaras.

“Estos avances que durante muchos años no fueron posibles, que se hablaban, que eran deseados, hoy son posibles porque hoy ha llegado una mayoría responsable a las Cámaras; una mayoría de izquierda que tiene la convicción por la progresión de los derechos humanos de todas nosotras”, remarcó.

Durante las conclusiones de los “Foros Regionales, Presentación de la Iniciativa de Reforma a la Ley de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”, señaló que se inscribirá una iniciativa que permitirá atender la interrupción legal y segura del embarazo de acuerdo con la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, con el objetivo de que se deje de criminalizar a las mujeres por decidir la interrupción de un embarazo.

“Se pueden dar un paso a la vez, pero mientras más mujeres sigan coartadas en sus derechos por ejercer la libertad en sus cuerpos con plena autonomía, no podemos descansar”, aseguró.

Asimismo, Briceño Zuloaga indicó que hay una subestimación de las muertes por interrupciones del embarazo, donde solo algunas se registran como aborto, pero no se consideran en caso de sepsis o hemorragias.

Por lo que aseguró, que el Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan salvaguardar su vida y “en Morena, somos una mayoría responsable que no puede ignorar que las mujeres mueren todos los días por malas prácticas, con condiciones precarias de vida, y con poco acceso a sistemas básicos de salud”.

“Éste aún no es un trabajo con sello final, pero es un gran paso hacia la progresividad de los derechos de las mujeres”, puntualizó.

En su intervención, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez puso de manifiesto que, según lo considera el CEDAW, se comete una violación a los derechos a la vida y a la salud de las mujeres al mantener como vigente el actual marco normativo en la materia.

“El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado su desacuerdo en contra de las leyes restrictivas en materia de aborto, particularmente aquellas que lo prohíben y lo penalizan, pues impulsa a las mujeres a buscar procedimientos clandestinos en condiciones de riesgo”, aseguró.

Además, añadió, la punibilidad del aborto está directamente relacionada con grandes consecuencias respecto a mortalidad materna en embarazos adolescentes, que en su mayoría son ocasionados bajo la sombra de la violencia sexual hacía las niñas.

En su turno, la diputada Claudia Pérez Rodríguez expuso que con la iniciativa propuesta por la Legislatura de la Paridad en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual reproductiva, se dará justicia social a las mujeres para que ellas sean quienes puedan decidir sobre sus cuerpos, a fin de que puedan elegir en qué momento quieren o no quieren ser madres, y así la decisión no forme parte de la tutela del Estado.

Es primordial, añadió, que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir sobre las vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad y reproducción. Hoy, a más de 10 años de discusión sobre el tema legislativo de la interrupción del embarazo, la gran mayoría de las legislaciones en materia penal, contemplan supuestos a lo que es posible la interrupción del embarazo.

La legisladora por el estado de Tlaxcala argumentó que el derecho a interrumpir el embarazo es un problema de justicia social, pues hay obstáculos que vencer en las instituciones de salud, en los ministerios públicos y en los juzgados.

Así, profundizó, los resultados de los foros llevaron a coincidir en que se debe garantizar la interrupción legal del embarazo conforme a protocolos internacionales; afianzar la autonomía reproductiva de las mujeres para el momento que lo soliciten; y avalar que sus derechos sexuales y reproductivos, sean asumidos por el Estado mexicano, a través de políticas públicas de la más alta calidad en materia de salud, contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos.

A la par, la diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud, puntualizó que el acceso a servicios de salud se trata de un derecho fundamental que todo gobierno está obligado a garantizar, por lo que resulta ineludible la necesidad de tomar una actitud de progresividad en la defensa de los derechos fundamentales en salud de las niñas, adolescentes y mujeres.

Por ello, subrayó que se deben de realizar las reformas necesarias a la legislación para garantizar que aquellas que decidan interrumpir un embarazo lo hagan en las condiciones óptimas de seguridad médica, legalidad, higiene y de profesionalidad con personal calificado, en condiciones e instalaciones dignas y bien equipadas para que se les brinde una atención acorde a su derecho humano a la salud.

Sánchez Galván acentuó que “resulta necesario llevar a cabo reformas legales que garanticen a todas las mujeres en todo el país las mismas garantías de protección de sus derechos para que dichos procedimientos sean llevamos a cabo en las mismas condiciones legales y seguras, que preserven sus vidas, su salud y su seguridad jurídica”.

Al hacer uso de la voz, la diputada Aleida Alavez Ruiz recordó la incansable lucha que se realizaba entorno de este tema desde anteriores legislaturas, “cuando éramos minoría. La apabullante derecha, o el gobierno en turno, pues simple y sencillamente no nos quería hacer caso”.

“No podíamos hablar ni siquiera de los derechos sexuales y reproductivos en los libros de texto, como obligación de la Secretaría de Salud, ni eso nos querían reconocer”, manifestó.

Aseguró que las iniciativas de reforma al Código Penal y a la Ley General de Salud, darán bases para hacer planteamientos públicos en los Congresos locales, pues “en la situación actual, por ejemplo, en Oaxaca, los abortos ilegales pues llevaban a cifras por más de 9 mil mujeres que perdieron la vida por esto”.