· Que el Estado garantice el acceso a la sustancia de una forma segura, ordenada, legal y asequible.

Lorena Villavicencio Ayala, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, declaró que la regulación de la mariguana, como una sustancia psicoactiva de uso legalmente aceptado, es un hecho inevitable.

En el marco del foro ‘Perspectivas Legislativas y de la Industria Farmacéutica en Torno al Aprovechamiento Lúdico y Medicinal del uso del Cannabis’, la legisladora explicó que se trata de un tema estrechamente ligado al derecho del desarrollo libre de la personalidad, de modo que la discusión debe centrarse en determinar a quién se va a beneficiar con su regulación y qué perspectiva deberán tener las medidas sanitarias, penales y económicas al respecto.

Ante expertos y representantes de la sociedad civil, la legisladora puntualizó que no se está promoviendo el consumo, sino que se busca que el Estado garantice el acceso a la sustancia de una forma segura, ordenada, legal y asequible, al margen de la seguridad jurídica para tres sectores de la sociedad directamente involucrados: los consumidores adultos, las personas que tienen algún padecimiento de salud crónico-degenerativo y los campesinos productores.

Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se fijó el posicionamiento oficial de legalizar el consumo y perseguir al traficante. Sin embargo, en los hechos el traficante logró construir “un imperio criminal” al amparo del poder y la impunidad, mientras al consumidor final se le puso a merced de una policía corrupta, “para ser sujeto de extorsión”.

Regular su consumo responde también a una necesidad sanitaria que encuentra eco en los pronunciamientos en pro de la Suprema Corte de Justicia para que la industria farmacéutica y el sector salud nacional dispongan de los medicamentos derivados de cannabis necesarios para garantizar el derecho a la salud.

Añadió que el Congreso aprobó el uso de esta sustancia en 2017 para fines médicos que incluía la importación, comercialización, investigación y producción de medicamentos procedentes de la planta.

En ese sentido declaró que se tiene una iniciativa de reforma que contempla a todos estos actores y factores desde la perspectiva de la Ley General de Salud, así como del Código Penal para despenalizar el consumo, y de la Ley de Desarrollo Rural.

“Esta reforma también debe considerar mecanismos de justicia social que permitan restaurar el tejido de las comunidades y sobretodo dejar de utilizar la cárcel como método de solución del narcotráfico, sobre todo en las comunidades y poblaciones mayormente vulnerables”.

Proyectó que se iniciará la discusión y se aprobará la iniciativa en las próximas semanas “porque ya haya una definición clara al respecto, pues tenemos nosotros que garantizar, como legisladores, que se incluyan a todos los actores y que esta cadena de valor, como se dijo al final de manera muy clara, tiene que involucrar a todos y generar ganancias para, desde el campesino hasta el que lo distribuye y vende, esta sustancia”.