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INTERESES ECONÓMICOS EMPRESARIALES MOTIVAN LOS AMPAROS CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO EN SANTA LUCÍA: DIP. DOLORES PADIERNA LUNA

28 agosto, 2019 - Prensa

· El Poder Judicial debe de analizar la pertinencia del interés que mueve los amparos contra Santa Lucía y la pertinencia de salvaguardar los derechos de las mayorías, por encima de los intereses económicos y políticos de personajes ligados al PRI y al PAN.

· Ante la incapacidad de constituirse como oposición seria, estos grupos políticos han optado por una suerte de “sabotaje legal” contra un proyecto de gran importancia para el país.

Un grupo reducido de personas ligadas al poder empresarial, han recurrido al amparo para frenar el proyecto de Santa Lucía con la única finalidad de poner por delante sus intereses económicos sobre los intereses colectivos de la mayoría que se vería beneficiada con la terminal aérea, aseguró la Diputada de Morena, Dolores Padierna Luna.

El supuesto interés “legítimo” de los promoventes de los amparos no existe; existe más un interés “ilegítimo”, porque se trata de un grupo reducido de personas, ligadas al poder empresarial, quienes han recurrido al amparo con la única finalidad de frenar el proyecto de Santa Lucía y poner por delante intereses personales sobre los intereses colectivos, indicó la legisladora.

“Por información pública, sabemos que una buena cantidad de esos amparos están siendo promovidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y por algunos ciudadanos opuestos a la cancelación definitiva del proyecto de Texcoco. Si esos amparos hubieran sido solicitados por organizaciones ambientalistas, colectivos de vecinos de la zona, pueblos originarios o personas que presumieran algún tipo de afectación a sus derechos, estaríamos hablando de amparos promovidos por un interés legítimo, cuya motivación fuere precisamente someter a un control judicial las decisiones del Ejecutivo, generando un verdadero contrapeso en aras de la defensa y protección de los derechos humanos”, enfatizó.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, indicó que el interés legítimo de una minoría invoca la protección judicial para evitar un perjuicio a una mayoría, y para asegurar sus

derechos, en esos casos, el papel del poder judicial es precisamente la salvaguarda de los derechos de las mayorías o la salvaguarda de los derechos de algunas personas en lo particular, con miras a regular la actuación de la autoridad y asegurar que no se vulneren sus derechos humanos.

En este sentido, indicó, el Poder Judicial deberá de analizar la pertinencia de lo que motiva a los amparistas y la pertinencia de salvaguardar los derechos por encima de los intereses de personajes ligados al PRI y al PAN que hoy, ante la incapacidad de constituirse como oposición seria, han optado por una suerte de “sabotaje legal” contra un proyecto de gran importancia para el país.

Dolores Padierna, recordó que el concepto de interés legítimo fue introducido en la reforma de junio de 2011, al artículo 107, fracción I, de la Constitución federal. El artículo establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado vulnera los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera personal y directa (interés jurídico) o por su especial preocupación frente al ordenamiento jurídico o frente a los actos de la autoridad (interés legítimo).

Con lo anterior, indica, se reconoció la posibilidad de que personas o entidades colectivas acudan a la protección de la justicia federal invocando un interés legítimo, superior a un interés individual o particular. El juicio de amparo ha existido como una herramienta de control del poder público y como un contrapeso frente a las actuaciones de la autoridad.

Finalmente, insistió en que más allá de la figura del juicio de amparo o de la actuación del Poder Judicial, debe quedar clara, frente a la opinión pública, la verdadera naturaleza de los juicios contra la terminal de Santa Lucía: ninguna otra que la decisión de un grupo que no busca el bienestar común sino hacer prevalecer sus intereses.

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