DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA PELÁEZ (MCBP). Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos transformando a México y construyendo un nuevo régimen político en el que se gobernará para la ciudadanía y con la ciudadanía.

El cambio verdadero está en ciernes, quedaron atrás los tiempos en los que los gobernantes obtenían un baño de legalidad formal, a partir de una jornada electoral que nos dotaba de un poder omnímodo, que ejercían discrecionalmente y sin legitimidad.

La cultura de ganar como fuera, para después gobernar conforme a los intereses personales y de una élite, sin transparencia, sin rendición de cuentas y de espaldas al pueblo hoy llegó a su fin.

Hace poco más de un año era imposible imaginar que en México existiera un gobierno que le preguntara abiertamente al pueblo su opinión acerca de los asuntos trascendentales y que se sujetara a la determinación de éste.

Era impensable que el presidente de la República sometiera la continuidad de su mandato a la decisión de la voluntad popular.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, las reformas constitucionales que hoy declaramos aprobadas, será una realidad el ejercicio participativo del gobierno de la República, la posibilidad de la ciudadanía de revocar el mandato del presidente cuando esté inconforme con su gestión y la oportunidad de refrendar su legitimidad como expresión de confianza en el proyecto de nación que se instrumenta.

La consulta popular es una herramienta de la democracia, directa, que empodera a las y los ciudadanos. De ahí que eliminamos las restricciones que le habían sido impuestas por el viejo régimen. A través de ella, la ciudadanía responde a un llamado gubernamental para poner en sus manos la decisión sobre una política pública o una norma jurídica, y asimismo pueda exigir que se cancele o se realice una determinada acción gubernamental o legislativa.

En los próximos días convivirán armónicamente dos instituciones: la democracia representativa, base de la organización política mexicana, y la democracia participativa. La consulta popular será una herramienta dinámica y efectiva que permitirá gobernar con las y los mexicanos.

Por otra parte, la revocación de mandato del presidente de la República, de los gobernadores de los estados y del jefe de gobierno de la Ciudad de México por fin será un derecho ciudadano.

En una verdadera democracia el derecho a elegir debe llevar aparejado el derecho a revocar. La resignación ante los malos gobernantes no es natural y no contribuye al desarrollo ni al progreso. Por ello era fundamental dar vida a una herramienta que reencauce la legitimidad de las instituciones frente a la ineficacia, la corrupción, la soberbia y la traición de los gobernantes hacia el pueblo.

Un proceso claro, transparente y eficiente de revocación de mandato es la solución para que el pueblo ejerza su poder legítimo y frene los excesos y abusos del poder público. Estas dos herramientas de la democracia participativa y directa, devolverán la confianza de las y los mexicanos en la democracia.

Ahora la ciudadanía tendrá medios de participación, protección, decisión, control y vigilancia del poder público y ejercerá su voluntad soberana.

Reconocemos una vez más a los Congresos de las entidades federativas, quienes legislaron asumiendo su corresponsabilidad política y republicana y federalista. Nuestra nación está llamada a la grandeza, al desarrollo y a la prosperidad. Es un deber ético, como representantes populares seguir construyendo sin dilación y en unidad lo que México exige, necesita y merece. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Saludamos al alumnado del CBTIS 181 del municipio de Paracho, Michoacán, invitados por la diputada Celeste Ascencio Ortega. Muchas gracias por haber venido desde Michoacán.

Esta Presidencia corrige el trámite de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México que remite el Congreso del estado de Hidalgo. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.