DIPUTADA  MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA (MCAV). Con su permiso, presidenta.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Comisión de Igualdad de Género, encabezada por la diputada Wendy Briceño, hemos puesto del lado nuestras diferencias para trabajar colectivamente en los problemas que nos unen: la desigualdad y la violencia contra las mujeres, justo lo que representa la violencia obstétrica, la cual es un reflejo de las desventajas que experimentamos las mujeres en función de nuestra salud reproductiva y en la atención que esta amerita.

En México, según la Endireh de las mujeres entre 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto durante los últimos 5 años, el 33.4 por ciento reportaron incidentes de maltrato en la atención obstétrica.

Al 11.2 por ciento le gritaron o la regañaron durante la labor de parto o cesárea. Al 10.3 por cierto tardaron mucho en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho. Al 10 por ciento la ignoraron cuando preguntaban cosas sobre su parto o bebé. Al 9.2 por ciento la presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaran para ya no tener hijos.

Entre las mujeres que tuvieron cesárea al 10.3 por ciento no le informaron de una manera clara y comprensible por qué era necesario practicarle dicha intervención quirúrgica. En tanto que el otro 10 por ciento de las mujeres no dio el permiso o autorización para que le hicieran cesárea.

A pesar de las lamentables cifras y de la existencia de recomendaciones al Estado mexicano en cuanto a la necesidad de legislar respecto a la violencia obstétrica, no ha sido posible su incorporación en el marco legislativo federal, a diferencia de muchos estados que ya lo tienen plenamente establecido, incluso penalizado.

Conforme a las últimas recomendaciones que hiciera la CEDAW, la número 42 y sus literales B y E, instan al Estado mexicano a armonizar las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de violencia obstétrica.

Así también insta al Estado mexicano a velar porque el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de realizar esterilizaciones.

Que se sancione ante el visible creciente panorama de la violencia obstétrica en el país.

Y las recomendaciones en materia. Al menos 20 entidades federativas han legislado al respecto con diversas particulares definiciones y cuatro la han tipificado como delito.

Por lo que esta iniciativa se plantea desde una visión abarcativa, integrando los elementos sustantivos de las diferentes entidades, así como aquellos emanados de recomendaciones internacionales y del acervo público en la materia.

Finalmente, ya ha habido esfuerzos por diferentes congresistas en legislaturas anteriores para incluir el concepto de violencia obstétrica, en el marco de la legislación federal, sin lograr se concretara.

Por lo que esta legislatura no puede dejar pasar la oportunidad de avanzar en el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, incorporando y considerando a la violencia obstétrica como toda acción y omisión intencional por parte del personal de salud o administrativo, público o privado, que dañe a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, incluyendo la negación de servicios o limitación de derechos sexuales y reproductivos.

Reconocer esta violencia en particular es visibilizar la carga que el rol reproductivo impone a las mujeres, limitando su empoderamiento en diferentes formas y condenándolas a reproducir la pobreza, especialmente para aquellas que viven en contextos más precarios.

Por lo que desde el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen, porque también es un tema de justicia social.

Pido a ustedes su voto a favor para visibilizar esta violencia, que también significa reconocer que debemos reorientar la atención a la salud con servicios de calidad, que sean sensibles a las desigualdades que históricamente han tenido las mujeres y que puedan sumarse al esfuerzo de reducir la mortalidad materna y las demás complicaciones evitables a partir de un trato digno y respetuoso de sus decisiones.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de este pleno la reforma de ley planteada. Es cuanto, presidenta.

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