DIPUTADA YOLANDA GUERRERO BARRERA (YGB). Con la venia de todos ustedes. Ingeniero Javier Jiménez Espriú, sea usted nuevamente bienvenido a este palacio legislativo. Compañeros diputados, invitados especiales, sean todos ustedes bienvenidos.

A nombre de Michoacán y los diputados de mi estado, le expresamos nuestro agradecimiento por todas las atenciones prestadas destinadas a nuestra entidad carretera.

El trabajo en conjunto con los presidentes municipales y el apoyo decidido del centro de la SCT en Michoacán en diversas reuniones de trabajo, ha generado un sólido diagnóstico de necesidades todas ellas 100 por ciento ejecutables, de las cuales hago usted, en este momento, entrega.

Estamos conscientes del desorden que se heredó de las administraciones pasadas. Un importante número de funcionarios con salarios, prestaciones, bonos injustificados, con pobres o nulos resultados en sus funciones y tareas.

Además, aunado a esto, irregularidades en licencias, licitaciones públicas, hechos, sobornos, conflicto de intereses y una larga lista de anomalías e ilegibilidades. Corrupción que ha dejado gravemente dañado el sector de Comunicaciones y Transportes, esto heredado de antaño.

Enfrenta usted un gran reto, señor secretario.

El 8 de julio de 2014 se anunció la construcción del tren interurbano México-Toluca con un presupuesto de 38 mil millones de pesos. Se inició la obra, misma que debió haber estado lista en julio de 2017. Se plantearon 58 kilómetros de longitud para recorrer, en 39 minutos, seis estaciones con 30 trenes a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

Habría, de acuerdo con proyecciones, 230 mil pasajeros favorecidos al día, 17 mil empleos directos y 35 mil indirectos y no se generaría contaminación, sólo por mencionar algunos de los beneficios de este tren.

Sin embargo, no se liberaron previamente los terrenos del trazo de la vía y el gobierno anterior comenzó la obra sin consultar a los afectados, actuando de manera ilegal, arbitraria e irresponsable.

Esta situación desencadenó una serie de bloqueos, suspensiones judiciales e indemnizaciones, a precio no proyectado.

La Auditoría Superior de la Federación detectó la Cuenta Pública del 2017, y detectó un probable daño o perjuicio por 770 mil millones de pesos, recursos públicos entregados para esta obra.

Concluyó el sexenio, obviamente sin tren, con deudas y auditorías sin solventar y diversos problemas sociales, además de muchas preguntas por responder al pueblo de México.

Ciudadano secretario, en razón y en virtud de lo anterior, me permito realizarle a usted tres preguntas.

Una, ¿qué acciones implementó su administración para revertir los escandalosos niveles de corrupción que le fueron heredados a la secretaría a su cargo, SCT?

¿Qué acciones jurídicas se han puesto en marcha para exigir las responsabilidades que haya ha lugar, a quienes resulten responsables de este desvío y desfalco?

Tercera, respecto a los subejercicios 2019, ¿a cuánto ascienden éstos? ¿dónde se ejercieron? Y si existen alguna aún disponible.

Es cuanto, espero respuesta a mis preguntas y entrego lo antes mencionado.

Gracias.