DIPUTADO ALFREDO VAZQUEZ VAZQUEZ (AVV). Muchas gracias por sus atenciones, señor secretario y todo su equipo; muchas gracias. A causa del levantamiento armado en Chiapas por parte del EZLN resultaron desplazadas personas que no simpatizaban con el movimiento zapatista de aquel entonces. Han transcurrido 25 años y desde el rompimiento de los diálogos de San Andrés Larráinzar, el Estado mexicano no ha cumplido con dichos acuerdos.

Otro de los temas importantes que quiero señalar es la urgencia de una nueva política de vivienda, ya que hasta el momento se siguen repitiendo los mismos defectos y vicios de los programas. Los ayuntamientos siguen utilizando el suministro de material del Ramo 33, Fondo de Infraestructura Social Municipal como pago de favores, compra de líderes sociales, apoyo a operadores políticos.

Necesitamos ser más eficientes en el ahorro de los recursos y reencauzar esa gran cantidad de recursos para la construcción de viviendas con un verdadero enfoque de derechos humanos. Hay que dejar de construir espacios inhabitables que no son dignos para la condición humana. Las viviendas actuales que se siguen otorgando en la práctica, únicamente sirven para bodegas, tienditas, almacenes y en la mayoría de los casos, los beneficiados son personas que no tienen esa necesidad, excluyendo a los más necesitados de un lugar donde vivir.

Estamos a favor de dotar de vivienda digna a los habitantes de las zonas marginadas, pero bajo nuevas reglas, tenemos que cambiar de fondo a la actual política de vivienda, para ello tenemos que desaparecer en las reglas de operación de 2020, la apertura programática que tiene que ver con el suministro de material de viviendas, para que deje de ser la caja chica de los ayuntamientos y deje de ser el instrumento de control político.

Por lo anteriormente planteado, pregunto a usted señor secretario: la Sedatu ha considerado trabajar con las autoridades de los bienes comunales de la zona Lacandona y comunidades colindantes para reanudar los trabajos de brechero de la zona Lacandona para que se sepa cuántas de las 614 mil y 321 mil hectáreas establecidas en el decreto original de 1971, toda vez que ha transcurrido más de cuatro décadas y no se ha concluido con la delimitación territorial del Rebima.

¿Está la Sedatu en condiciones de que las reglas de operación para las viviendas incluyan la posibilidad de realizarse por medio de materiales de la región y que se desvincule las presidencias municipales de dichos apoyos para desterrar los manejos corruptos? ¿Cuáles son los manejos corruptos? ¿Cuáles son las políticas públicas previstas por la Sedatu para implementar la atención y la resolución interinstitucional de los resolutivos de la mesa de trabajo llevados a cabo en Chiapas, en las que ha estado presente personal de esta Secretaría? Muchas gracias por sus respuestas señor secretario.