DIPUTADA ARACELI OCAMPO MANZANARES (AOM). Gracias. Legisladoras y legisladores, pueblo de México, la presente iniciativa surge de la constante lucha de los trabajadores al servicio del Estado, en defensa de sus legítimos derechos, quienes acudieron ante una servidora para intervenir ante este Congreso y presentar una reforma constitucional que dignifique sus pensiones y, con ello, puedan disfrutar de una vida plena tras años de servicio a la nación.

Durante la etapa neoliberal se realizó la privatización de empresas paraestatales, provocando un déficit fiscal que poco a poco fue haciendo insostenible el pago de las pensiones. Con la entrada en vigor de la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se privatizó al sector petrolero, afectando en mayor medida los ingresos de la nación. En contraste, nuestros derechos fueron en detrimento, negándonos cada vez más el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y al empleo.

Las y los trabajadores al servicio del Estado no fueron la excepción, pues perdieron gran parte de los derechos laborales conquistados. Actualmente los pensionados que optaron por el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viven en condiciones de marginación, pues han denunciado la pérdida del poder adquisitivo de su pensión, al dejar de ser calculada en salarios mínimos.

Compañeras y compañeros congresistas, actualmente el monto de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado se calcula en UMA, que significa Unidad de Medida de Actualización.

Anteriormente, durante el año del 2011, la Conasami propuso la unidad de cuenta y medida para desvincular el salario mínimo de diversas figuras con la finalidad de no perder el poder adquisitivo del propio salario de los mexicanos. Desde entonces, el pago de multas y obligaciones administrativas o mercantiles se calcularon con esa unidad.

Con este antecedente, el 5 de diciembre de 2014, la UMA estaba siendo creada para calcular el pago de obligaciones y no así el cálculo de derechos como lo son las pensiones. Sin embargo, el régimen neoliberal comenzó en el 2016, esta unidad de medida, UMA, con los siguientes años esta decisión tecnócrata buscaba reducir el gasto público para las pensiones a costa de la depreciación de los ingresos de los trabajadores jubilados.

Mientras la inflación, la canasta básica y el salario mínimo han aumentado, la pensión del trabajador en retiro ha ido en detrimento, y la consecuencia cada vez más les alcanza para menos.

De acuerdo con una tesis del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, en septiembre del 2019, argumenta que la Unidad de Medida de Actualización no puede aplicarse para determinar el pago de una pensión, pues esta es una prestación de seguridad social que deriva de una relación de trabajo en donde se realizaron aportaciones del salario perdido durante la vida activa laboral.

En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 17 de febrero del 2021 que el tope máximo de las pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado debe de fijarse en UMAs, ya que consideró que es una prestación administrativa y no laboral.

Ante ello, considero que los ministros de la Suprema Corte se olvidaron de que las pensiones son un derecho laboral de carácter global prescrito por organismos internacionales, por lo que su resolución viola totalmente el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde establece que las pensiones deben de tener como referencia el salario mínimo general vigente.

Es por ello que los invito a impulsar esta iniciativa que pretende reformar el artículo 123 de nuestra Constitución federal, para adicionar un párrafo a la fracción VI y garantizar el salario mínimo como referencia para el cálculo de las pensiones.

Finalmente, quiero mencionar que esta iniciativa fue realizada en conjunto con trabajadores jubilados al servicio del Estado, pues se integran sus propuestas, opiniones, sugerencias y el sentir de todos ellos. Por el bien de México, primero los jubilados. Es cuanto, diputada presidenta.