DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (AAR). Con su venia, diputada presidenta. Solicito se integre el texto completo al Diario de los Debates, por si no diera tiempo de mencionar a todos los promoventes de esta loable reforma a la Carta Magna, al texto constitucional.

Saludo, nuevamente a todas y todos. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales presento el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial.

Insisto, con la dictaminación de esta minuta se avanza en una agenda ciudadana que reivindica los derechos humanos de tercera generación. Es momento de interiorizar los postulados de los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país suscribió y nunca tradujo en acciones legislativas ni políticas públicas integrales y coordinadas.

A través de la presente reforma constitucional se propone reconocer el derecho humano a la movilidad y seguridad vial, dar facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia, que regle la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, así como facultar a los municipios y zona metropolitana del Valle de México, para establecer medidas de planeación en favor de estos derechos.

Esta enmienda es una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa. El especialista en derecho administrativo Eberhard Schmidt-Assmann sostiene que solo a través de la cooperación con la sociedad puede obtener el Estado información que precisa para llevar a cabo su función directa y de liderazgo.

Es fundamental que en la normatividad secundaria se establezcan mecanismos eficaces de participación ciudadana, sin la cual esta propuesta no sería posible. El municipio también es actor principal del cumplimiento de estos derechos, por lo que se requerirá de un apoyo para lograr una planeación que establezca en sus planes de desarrollo las garantías necesarias para que el ciudadano y la sociedad, en su conjunto, accedan al disfrute de estos derechos.

Esta minuta deviene de un gran consenso entre las fuerzas políticas en el Senado, lo mismo que en esta Cámara de Diputados. Muestra de ello es que el pasado 24 de marzo de 2020, la Comisión de Puntos Constitucionales realizó un parlamento abierto virtual en materia de movilidad y seguridad vial, en el que participaron servidores públicos e integrantes de la sociedad civil en los que se argumentaron los beneficios y la urgencia por legislar en la materia. Por cierto, este fue el primer parlamento abierto virtual en estas condiciones sanitarias en realizarse en la Cámara de Diputados.

En este foro se señaló que la garantía de un derecho en la Constitución no es un fin, sino un medio y que este será un solo paso en el proceso, porque tiene como objetivo transformar la vida de las personas que enfrentan mala calidad en el transporte e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta, usar transporte público, o al transitar por carreteras.

Frente a situaciones complejas, como las que vivimos los tres ámbitos de gobierno, tienen que ser capaces de establecer criterios orientadores del presupuesto para acercarse a la garantía de derechos.

El presupuesto público en movilidad discrimina a los grupos más vulnerables. El 70 por ciento se destina a atender a la población que tiene acceso a un vehículo particular como medio de transporte y no a la mayoría de la población que no cuenta con un vehículo privado. Se debe garantizar la seguridad de todas las personas en el tránsito en todos los modos de movilidad.

Este cambio, que parece pequeño, les permitirá a los ciudadanos, sin distingo de clase social, edad, o el lugar de residencia, a ejercer con plenitud su derecho a la salud, la educación, al acceso al empleo y oportunidades.

Garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, de promover el bienestar colectivo, de reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud, de la movilidad centrada únicamente en los vehículos motorizados.

Estas reformas constitucionales permitirán una mejora sensible en la vida cotidiana de millones de mexicanos, su salud, y permitirá al país avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Al resolver este asunto, la Comisión de Puntos Constitucionales consideró que, en un estudio realizado por el Inegi en 2018, en materia de seguridad vial, se destacan un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas murieron y 89 mil 191 resultaron heridos a causa de estos accidentes. Que, de

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen en las carreteras, millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Que sin duda los accidentes vehiculares son la causa principal de mortalidad en el país, tanto en conductores como en peatones, derivado de las malas prácticas para la conducción del automóvil, así como un mal diseño vial. Que es esencial que los países establezcan medidas para hacer las vías más seguras, no solo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más vulnerables de las vías, peatones, ciclistas, motociclistas, toda vez que existen altos índices de mortalidad debido a que no se llevan a cabo con alto rigor las medidas de seguridad ya aplicadas en nuestro país, así como en el resto del mundo.

El derecho a la movilidad, desde una visión colectiva, puede ser entendido como el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad, que responden a diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente, las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

De lo anterior se desprende que la movilidad tiene un papel vital debido a que permite la comunicación, integra los espacios y la actividad, e induce o guía a las inversiones y desarrollo urbano. En este sentido, cuando la movilidad de la población se dificultad, la ciudad entera se ve afectada en su funcionamiento, productividad y en la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con el índice de movilidad urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad, en México las ciudades están diseñadas para los automóviles, más que para las personas. Lo anterior deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular cada vez mayor. Entre 1990 y 2017, los vehículos que circularon crecieron en una tasa anual promedio del 5.3 por ciento, mientras la población lo hizo en una tasa del 1.5. En consecuencia, las ciudades han crecido de forma horizontal, detonando barrios aislados y segregados.

En muchas ciudades del país, una gran parte de la población vive en zonas remotas, provocando que su gasto en transporte aumente, a nivel nacional este gasto representa el 19 por ciento de la erogación total de los hogares, lo que equivale a un promedio de mil 815 pesos mensuales.

En zonas alejadas, debido a la distancia y a la dispersión, el transporte masivo o estructurado como el metro o metrobús, simplemente no llegan. En dichas zonas el transporte tiende a ser más inseguro que en zonas centrales, exponiendo a la población más pobre a las peores condiciones de inseguridad.

Tan solo en la zona metropolitana del valle de México, en promedio se llevan a cabo 11.5 millones de viajes diarios en transporte colectivo tipo microbús, esto representa el 74 por ciento del total de viajes en transporte público.

Son algunos de los datos que consideramos para la dictaminación de esta iniciativa, que únicamente se realizará un ajuste a la minuta en relación con el artículo 4o constitucional, en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo en materia de bienestar y programas sociales.

De manera que se estaría en la presencia de la hipótesis contenida con el artículo 72, apartado a) de la Carta Magna, pues se está aprobando un proyecto en los términos que fue aprobado en su texto en la Cámara de origen.

Por último, quiero señalar que esta reforma es un derecho humano de tercera generación, el cual busca atender un elemento de la vida cotidiana de las personas, no es abstracto, todo lo contrario, lo vivimos y lo padecemos todos los días al ir y venir de nuestro trabajo, a nuestra casa, escuela o a un centro de esparcimiento, lo mismo en zonas urbanas que rurales.

Se busca que se respete la jerarquía de uso de vía, privilegiando los usuarios vulnerables y todos los usuarios de la vía compartamos la calle de manera responsable, así como la debida planeación e intervención de las autoridades municipales, estatales, federales, lo cual nos debe conducir a un modelo que siente las bases para los traslados más eficientes y seguros. Quedará pendiente la obligación del Congreso para una ley secundaria y una aprobación en los Congresos locales. Pero quiero también –y termino con esto, diputada presidenta– hacer un reconocimiento a todas las organizaciones civiles que participaron en la articulación de este derecho a la movilidad.

Este dictamen está dedicado a las víctimas de los accidentes viales que por infortunios del destino perdieron la vida o sufren las consecuencias de la imprudencia.

Debo aclarar que este no es un logro de una persona o de un partido, es un logro de las organizaciones de la sociedad civil, de legisladores, de gente de a pie, en bicicleta, usuarios de transporte público que durante años lucharon por ser escuchados y ahora, en esta LXIV Legislatura ven coronado este esfuerzo. Felicidades a todas las organizaciones que van incluidas en el Diario de los Debates.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/gCwcOUnp3kw