DIPUTADA BEATRIZ SILVIA ROBLES GUTIÉRREZ (BSRG). Con la venia de la Presidencia. En abril del año pasado, adicionamos al artículo 19 constitucional una serie de conductas delictivas que lesionan y ponen en peligro el bienestar social, por lo que justifican prisión preventiva oficiosa.
Ello, porque se coincidió en que el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada de personas, el robo de hidrocarburos, de transporte de carga y la corrupción necesitan medidas que garanticen la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
Además, porque la medida cautelar para estas conductas de alta peligrosidad asegura que el inculpado no se evada de la justicia, entorpezca las investigaciones o ponga en peligro la integridad física de las víctimas, testigos o cualquiera otra persona.
Es de señalar que la referida figura ha contribuido a que el Estado proporcione un efectivo acceso a la justicia, sin embargo, no debemos olvidar que la Constitución federal solo establece las bases generales que han de regir el procedimiento penal y que se necesitan ajustes específicos para su mejor implementación, por lo que en la reforma en alusión adquirimos el compromiso de que, en un lapso de 90 días, realizaríamos las adecuaciones normativas para el correcto funcionamiento de las instituciones.
Por lo anterior, debe precisarse que hoy acudimos a armonizar las leyes penales con lo que aquí ya se había aprobado, no como dicen algunos grupos parlamentarios al legislar sobre la prisión preventiva.
Compañeras y compañeros, los exhorto a rectificar su dicho porque lo que estamos discutiendo no es un asunto de constitucionalidad o de legalidad sino de mera formalidad. Es un mandato que nos dimos para hacer que las disposiciones jurídicas relacionadas estuvieran en sintonía con las cuestiones de fondo, ya las cuestiones de fondo fueron discutidas ampliamente en la reforma constitucional. Por eso, les pido con todo respeto no esgrimir argumentos mentirosos y centrarse en la discusión principal.
Este gobierno federal está buscando terminar con las prácticas de corrupción que se llevaron a cabo por muchos años y de las cuales, como legisladores, somos responsables, responsables de armonizar esas leyes, de escuchar a los ciudadanos que nos han dado un mandato a todos los que estamos aquí y que nos han pedido terminar con esa corrupción.
Les pido, por eso, que sean congruentes y que aprobemos esta armonización a las leyes. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La corrupción ya no se tolera en México. La corrupción no es bien vista, el que la practique será juzgado por el pueblo. Es cuanto, diputada.
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