DIPUTADA ROCÍO BARRERA BADILLO (RBB). Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, tengo el honor de presentar ante esta soberanía un dictamen que reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional. Papel que reasumió la Secretaría de Marina desde diciembre de 2016, cuando se reincorporaron a su jurisdicción las 103 capitanías de puerto.

Este proceso de fortalecimiento del Estado mexicano, que contemplaremos si se decide apoyar este dictamen, sienta las bases para hacer mucho más competitivo a nuestro sistema portuario y para ubicarnos como potencia marítima mercante. Papel que parecía natural para México, dada su posición geoestratégica, pero no hemos alzado precisamente la fragmentación funcional y duplicidad de competencias que han representado un lastre para la modernización de nuestros puertos, particularmente los de altura.

Es mi obligación, como presidenta de la comisión dictaminadora, referirme puntual y directamente al argumento de hoy. El tema de la constitucionalidad de este decreto, cuestión que lejos de evadir nos preocupó y motivó un profundo estudio, a la luz de lo dispuesto en nuestro máximo ordenamiento, particularmente del artículo 129. Por eso quisiera que este fuera el primer aspecto de defender y esclarecer.

En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, así lo estipula la porción que algunos señalan que está siendo violentada. Como siempre hemos... en nuestros procesos de dictaminación aplicamos un test de constitucionalidad a la iniciativa, que parte de presumir que las reformas propuestas son inconstitucionales ni necesarias, presunción que fue clara y absolutamente vencida con la argumentación que pueden consultar en el apartado sexto de nuestro dictamen. Ahí advertimos y demostramos que la Secretaría de Marina tiene competencias y facultades claramente diferenciadas, pues si bien existe la Armada de México como fuerza militar naval, también lo es que hay una grave distinción entre la Armada y la Secretaría de Marina como entes de la administración pública federal.

Así, la Secretaría de Marina ese una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, que no tienen una naturaleza jurídica distinta a la de sus pares, que no tiene encomendadas funciones militares y que, por supuesto, no se encarga de asuntos de guerra.

No hablamos pues, de un ente jurídico con naturaleza dual, sino de dos: la Secretaría de Marina y la Armada de México. Sí, la primera tiene la facultad de organizar, administrar y preparar a la segunda, entiéndase bien como la Armada, que está supeditada a la Secretaría. La Secretaría realiza funciones administrativas y el traslado de facultades, y funciones entre dependencias y entidades de la administración pública federal, encaja en el parámetro de normalidad de nuestro orden jurídico.

Esto ha sido también abordado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su papel de tribunal constitucional y máximo intérprete del derecho a su criterio, que compartimos y hacemos nuestro.

Es muy claro que, de una simple revisión de los antecedentes legislativos, incluso antes de la reforma de 2016, la Secretaría de Marina ya contaba con funciones eminentemente administrativas que nada tienen que ver con cuestiones militares, como el ser autoridad en lo relativo a los vertimientos de desechos en el mar, realización de trabajos hidrográficos, el otorgamiento de permisos para expedición y exploraciones o el realizar trabajos de investigación sobre ciencias marítimas.

Las facultades que hoy proponemos encomendarle se insertan armónicamente en nuestro orden jurídico, pues reitero, no son dadas ni serán ejercidas por la Armada de México. La responsabilidad y el progreso de nuestra nación ha sido el único impulso que nos motiva para apoyar esta propuesta.

No podemos seguir desaprovechando el hecho de ser uno de los poco menos de 20 países en el mundo que tienen responsabilidad marítima en ambos océanos, que tienen 11 mil 500 kilómetros de costa nacional y 117 puntos en los que a diario se realizan movimientos portuarios nacionales e internacionales.

Hace una década, la Organización Marítima Internacional realizó observaciones a los puertos mexicanos en sus procesos de labor e infraestructura, y concluyó que, para la existencia de una marina mercante y puertos con capacidad de recepción de barcos de gran calado, eran indispensables cuatro condiciones:

1. Buques abanderados nacionales.

2. Construcción de buques en territorio nacional.

3. Ejercicio del cabotaje, y

4. Un sistema de educación, capacitación e instrucción de marinos mercantes.

Estos cuatro requerimientos se verán atendidos por la iniciativa que se presenta ante esta soberanía para su aprobación. Además de ello, se solucionará el aspecto administrativo y operativo de las capitanías de puerto, la eliminación de duplicidad de permisos de navegación, el dragado de los puertos aumentará en su capacidad operativa sin necesidad de acudir a terceros quedando a merced de los costes.

Es evidente entonces, la necesidad de elevar la competitividad del país en materia de transporte marítimo y procurar una mayor eficiencia en la administración que redunde en el aprovechamiento del potencial de México como punto de embarque y clave en las rutas comerciales, particularmente con la zona Asia-Pacífico.

Atendiendo principalmente esta necesidad, les pido que apoyen este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias por su atención.

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