DIPUTADO JUAN ENRIQUE FARRERA ESPONDA (JEFE): Con el permiso de la Presidencia, de las legisladoras y legisladores y a toda la nación, me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de que todas las autoridades que intervengan en un procedimiento penal que involucre a una niña o a una mujer, lo hagan con perspectiva de género.

Esta reforma pretende visibilizar los delitos cometidos en contra de las mujeres y de las niñas, para erradicar las desigualdades e injusticias que las mujeres viven en los procedimientos penales sobre por el hecho de ser mujer.

La violencia hacia las niñas y mujeres es un mal que lacera el núcleo más sensible de todas las familias. Nuestro país tuvo gobiernos indiferentes a la realidad de muchas personas, en especial las mujeres y niñas que no tienen acceso a la justicia con perspectiva de género.

La discriminación, en especial la que aqueja a las mujeres, por el simple hecho de serlo en un proceso penal, claro que es violencia y las afecta severamente en sus esferas jurídicas y en su desigualdad. Les afecta su dignidad, por lo que se propone reformar el principio de igualdad en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que toda investigación de los delitos cometidos en contra de las mujeres y de las niñas tenga perspectiva de género.

Nunca más un caso de omisión en los procedimientos penales como el de Mariana Sánchez, estudiante de medicina en mi estado de Chiapas. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que todo órgano jurisdiccional, sin importar la materia o asunto, tiene el deber de realizar su función bajo el estándar que manda la perspectiva de género e inclusive ha establecido una metodología para conseguirlo.

No obstante, la realidad dista mucho de lo constitucional, lo convencional, legal y jurisprudencial. En efecto, una de las grandes preocupaciones es que la figura de perspectiva de género no está siendo tomada en consideración y en muchos asuntos es tratada con desdén por encargados de investigar e impartir justicia.

El Estado mexicano se ha comprometido a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ha firmado y ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha tratado de favorecer su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Es momento de materializar todos esos esfuerzos. Es necesario hacer justicia a mujeres como: Rubí Marisol y su madre en Chihuahua. Mariana Lima Buendía, del estado de México. Paulette Gebara Farah, del estado de México. Irma Flores y sus dos hijas, Brisa y Abril, en Puebla. Arely Sarahí Montelongo y Jeniffer Rodríguez Flores, en Coahuila. Viridiana Flores Ramírez, de mi estado de Chiapas. Valeria Gutiérrez, en el estado de México. Lesvy Berlín Osorio, Ciudad de México. Valeria Cruz Medel, en Ciudad Mendoza, Veracruz, hija de una compañera diputada, de la diputada Medel. Esther Alicia Castro Luzanilla, estado de México. Fátima Cecilia Aldrighetti, Ciudad de México. Jessica González Villaseñor, de Michoacán. Mariana Sánchez, en mi estado de Chiapas, en el municipio de Ocosingo.

Una madre más llora en su hogar por un feminicidio, mi madre. El 18 de diciembre del año pasado, 2020, hace exactamente tres meses, mi hermana menor, Claudia Matilde Farrera Esponda, perdió la vida en manos de su amado esposo, en mi pueblo natal, Jiquipilas, Chiapas. Te extrañamos, Claudia.

Y muchas más que no han sido mencionadas, pero están en nuestros corazones y son razón de nuestro esfuerzo como servidores de la nación. Nunca más una mujer sin verdadero acceso a la justicia. Nunca más invisibilizar la violencia hacia ellas. Nunca más normalizar su muerte por amor. Solicito a todas y todos los legisladores, su apoyo y adhesión a esta iniciativa, para garantizarles a todas las niñas y a todas las mujeres una vida libre de violencia. No es una dádiva. No es un favor. Es un deber que tenemos hacia ellas. Es cuanto, presidenta.