DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (MRG). Con su permiso, presidenta.

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.

Hoy que honramos la memoria del presidente Adolfo López Mateos por su 52 aniversario luctuoso, es oportuno recordar su obra y sus advertencias.

Cito con sus propias palabras: “El esfuerzo del hombre no es inútil, el hombre pasa, pero la obra queda”.

La obra de un mexiquense de excepción, como lo fue el presidente López Mateos, quien gobernó a México en el periodo de 1958-1964, quedó grabada en los hechos y en la mente histórica como un gobernante que antepuso el interés general sobre el interés particular.

Por ello, contribuyó significativamente al desarrollo de la economía del país, pero especialmente en propiciar el bienestar de la mayoría del pueblo. En ese contexto quedó registrada en la historia patria una de sus grandes obras, la nacionalización de la industria eléctrica lograda el 27 de septiembre de 1960, que en sus propias palabras fue “una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución”.

La tesis de este hecho histórico, de que el control y regulación de industrias estratégicas como la eléctrica y la petrolera deben ser facultades exclusivas del Estado mexicano, está planteada desde la Revolución y así quedó plasmada en la Constitución de 1917.

En el México de 1960, la prestación del servicio estaba monopolizada por grandes compañías privadas extranjeras que, como es natural, por su vocación, tienen como objetivo el lucro, maximizando sus ganancias.

Derivado de ello, solo 44 por ciento de los hogares en el país tenían acceso a la energía eléctrica.

Ayer, como hoy, ha quedado demostrado que la consecuencia de dejar la generación de electricidad en manos de particulares va en detrimento de los usuarios que se ven obligados a pagar altas tarifas pues solo invierten donde les es rentable.

Hace 61 años, López Mateos, el presidente que utilizó su capacidad de oratoria como instrumento político nos advirtió, cito: “solo un traidor entrega su país a los extranjeros; los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país.

Les dejo la misión de no permitir que la industria eléctrica vuelva a caer en manos de extranjeros. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria.

Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria”.

Fin de la cita, por cierto, cita que resuena en nuestra mente y nos lleva inevitablemente a pensar en otro expresidente de la República, Calderón, cuya relación con Iberdrola es indisoluble.

A los mexicanos hoy nos toca hacer eco de ese llamado, debemos tener conciencia que la electricidad es fuente de bienestar y desarrollo, que garantizar el acceso a este servicio constituye un derecho humano y social, que de ninguna manera puede ser visto como un negocio o una mercancía.

Ese es el espíritu que motiva y fundamenta las políticas públicas y las acciones del gobierno progresista de México en materia energética. Se trata de recuperar de manera responsable la rectoría del Estado en la industria eléctrica para darle certidumbre a industriales, comerciantes y a las familias mexicanas, de que no sufrirán incrementos desmesurados en las tarifas como está sucediendo actualmente en Europa, donde el precio promedio de la luz se ha disparado hasta alcanzar incrementos estratosféricos.

Por ejemplo, en septiembre, en Gran Bretaña llegó al 361.2 por ciento interanual y el 77.2 por ciento intermensual. En México, en el periodo 2012-2018, las tarifas eléctricas residenciales subieron en promedio 35 por ciento, pero la que más impacto tuvo fue la de alto consumo, conocida como DAC, es decir, la que paga la clase media, ésta subió 169 por ciento en el cargo fijo y entre 178 y 189 por ciento por la energía consumado.

Por todo ello, atendiendo el mandato popular de tutelar el bien de las grandes mayorías garantizando el acceso a la electricidad de manera confiable, permanente y económica, el gobierno del presidente López Obrador ha buscado revertir la pérdida de soberanía eléctrica rescatando y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no implica en el presente ni en el futuro llegar a nacionalizar las plantas de generación privadas.

Que no haya confusiones, el Gobierno federal actual respeta plenamente los derechos de aquellos privados que se han sujetado a la ley. Que la nacionalización de la industria eléctrica que hoy rememoramos, represente la oportunidad histórica para que, en medio de nuestra diversidad y respetando nuestras naturales diferencias ideológicas, usemos el diálogo franco y generoso para construir acuerdos que nos permitan llevar a México a mejores estadíos de desarrollo, pero garantizar, sobre todo, la soberanía y la seguridad energética con tarifas eléctricas que sean accesibles a toda la población.

Es cuanto, muchas gracias.