DIPUTADO PABLO AMÍLCAR SANDOVAL BALLESTEROS (PASB). Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la asamblea.

Venimos a presentar un punto de acuerdo para solicitar que se haga una investigación exhaustiva sobre lo que ha pasado hace unos días con la sustracción de un menor de uno de los albergues en el estado de Nuevo León, para utilizarlo de manera cínica, me parece, a un menor de cinco meses, para utilizarlo en la promoción en sus redes sociales por parte de dos ciudadanos, servidores públicos, por cierto.       

La idea es que se pueda rendir la procuraduría de la defensa del menor y el sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, rindan un informe a esta soberanía de las investigaciones que lleven a cabo respecto a estos hechos.

Y también las instituciones homólogas el estado de Nuevo León hagan lo propio ante la gravedad de esto.

A nosotros nos parece anecdótico lo que hagan en sus redes sociales personajes como estos. Nos parece insulso de cierta manera las cuestiones que han hecho, tratando de conseguir seguidores, digamos, tratando de agradar a la gente.

Y como resulta que alguien les aconsejó que retratándose con niños podrían tener una mejor imagen, utilizaron sus atribuciones como servidores públicos, utilizaron al Gobierno del Estado de Nuevo León, al sistema de albergues para menores, para utilizar la imagen de un menor. Es algo muy grave lo que ha sucedido.

Dicen ellos que obtuvieron un permiso para un fin de semana y evidentemente hay derechos violados: el derecho a la intimidad del menor, a la protección de sus datos personales, a su salud, a los cuidados que debe tener un menor, un niño, a su dignidad, la su seguridad personal, y en general el interés superior de la niñez que ya está consagrado en nuestra Constitución.

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la difusión de las imágenes de niños para proteger su identidad, intimidad y datos personales, lo cual fue violado flagrantemente.

Para ser una familia de acogida, se requiere una certificación y el cumplimiento de una serie de requisitos para saber que las familias, efectivamente pueden brindar protección a los menores y, obviamente, la esposa del gobernador de Nuevo León y él mismo no cuentan con una certificación de ese tipo.

Se incumplieron además protocolos y procedimiento administrativos y hubo uso indebido de atribuciones por parte de estos dos ciudadanos funcionarios, y organizaciones no gubernamentales y expertos se han pronunciado porque estos hechos podrían configurar hasta delitos contra niñas, niños, y se podrían configurar delitos como la trata con fines de explotación, comercial, sexual, trabajo forzado, entre otros.

Lo que estamos planteando es que haya una investigación seria, porque, obviamente, con esta investigación no se terminará. Tendrá que iniciarse un proceso una vez que se investigue seriamente lo que ha sucedido este fin de semana anterior, y cuáles son las responsabilidades jurídicas no solamente de estos dos funcionarios, de estos dos ciudadanos, que violaron los derechos de este menor, sino la responsabilidad jurídica del DIF local y de los funcionarios que se supone deberían cuidar los intereses de la niñez.

La comisión estatal de Derechos Humanos se ha pronunciado ya y creemos que debería haber un pronunciamiento de las instituciones federales y estatales.

Queremos tener esa información y saber las conclusiones de esos organismos especializados para proteger a la niñez de abusos como éste.

Que éste sea un llamado de atención para todos los funcionarios que están a cargo de menores para que no se repita una situación como ésta.

Y debe haber una sanción ejemplar para estos funcionarios superfluos que utilizaron la imagen de un menor para su regocijo en redes sociales.

Es cuanto, ciudadana presidenta, y quiero agradecer a la diputada Aleida Alavez la oportunidad de presentarlo en su nombre. Gracias.