DIPUTADO PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PGA). Ciudadanas y ciudadanos legisladores. Se consulta un proyecto de nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 127 y 75, y 134 en lo que corresponde.

Esto es resultado de una sentencia de la Corte, que invalidó unos cuantos incisos de dos artículos, eliminando la palabra presidente de la República, como uno de los elementos que, de acuerdo con la ley, deben ser fijados en su remuneración por parte de la Cámara.

Ustedes saben que el primer proyecto de reforma de la Constitución, en su artículo 117, se presentó en el mes de septiembre de 2006. Esto es lo que algunos, improvisadamente, claro, dicen que es un capricho del actual presidente. No es el capricho de nadie. Fue un clamor popular que ya entonces existía, porque los servidores públicos se ponían del sueldo que querían ponerse y agregaban una serie de prestaciones en cada dependencia. Como dicen popularmente, se servían con la cuchara grande.

El proyecto fue aprobado, se congeló en la Cámara de Diputados. Sí, estuvo ahí varios años en la congeladora de la Cámara. El Instituto Federal Electoral decidió subirse los sueldos a los consejeros y jefes, una vez más. Y entonces, el escándalo nacional y la protesta en contra de esa decisión de subirse los sueldos obligó a la Cámara a aprobar la reforma constitucional en materia de remuneración, pero sin ley.

La ley expedida por el Senado fue congelada durante seis años o más en la Cámara, por eso era indispensable expedirla, tampoco estamos de acuerdo en esos métodos. ¿Quién fue el que dio la orden de que no se aprobará esa ley? Peña. ¿Quiénes la acataron? Pues el PRI y el PAN, es muy sencillo, así estaba conformada la Cámara de Diputados.

Ahora, nosotros siempre hemos luchado. Siempre, siempre. En contra de la formación de una elite burocrática muy bien pagada que decida cuáles son sus remuneraciones.

Y siempre hemos luchado para que no sea una tecnoburocracia la que imponga los sueldos, sino que el asunto de los sueldos se resuelva como parte de la lucha política, porque eso es lo que es.

La idea de que la Cámara debe limitar el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 75 de la Constitución, que es la de determinar la remuneración de aquellos puestos que están fijados en la ley, empezando por el presidente, renunciar a eso no solamente significaría violar la Constitución, sino hacer un cambio por debajo de la mesa en contra de la lucha política como elemento insustituible de la democracia concursal en la que nos encontramos.

Ya ni siquiera eso quieren, ya ni siquiera la democracia concursal les parece bien. Los criterios de la Corte no son los criterios de la Corte. Están mal, señores de la oposición, son los criterios que dio cada uno de los ministros y ministras, y que se relacionaron en la resolución.

Entonces, el proyecto es correcto, históricamente necesario. Duele a esa burocracia, lo sentimos mucho. Es todo. Gracias.

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