• La diputada señaló que las nuevas reformas afectan el derecho humano al agua establecido en la Constitución.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, anunció la presentación de un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del estado de Querétaro y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que analicen e impidan la entrada en vigor de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la entidad, a fin de evitar la violación del derecho humano al agua.

Calificó de inaceptable la acción del Congreso de la entidad de privatizar el agua a través de la figura de las concesiones, por medio de la expedición de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable.

“Esta acción legislativa, significa, de forma alarmante, la privatización del servicio de agua potable, a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad”, aseguró la legisladora.

Hernández Pérez subrayó la importancia de analizar las situaciones de inconstitucionalidad e hizo un llamado a “frenar esta agresión contra los derechos humanos, contra el derecho de acceso al agua de todas las personas. Si permitimos esta privatización, significará que todo está en venta y eso va contra el espíritu de la Cuarta Transformación”.

Al respecto, enfatizó que los diputados del PAN, que tienen la mayoría en el Congreso del estado de Querétaro, fueron quienes aprobaron dicha Ley en materia de aguas mientras que los diputados de Morena votaron en contra porque es inaceptable una medida de esa naturaleza.

Recalcó que la sociedad no tuvo oportunidad de debatir el tema porque no hubo debate con expertos ni especialistas y no se permitió que las organizaciones expresarán sus opiniones y propuestas.

“Se perpetró un atentado a los derechos humanos consagrados en la Constitución, hecho que es necesario frenar de inmediato para evitar daños mayores, tanto en la integridad de las personas como en la supremacía de los mandatos constitucionales”, dijo.

La legisladora puntualizó que la administración de un recurso natural como el agua, es una obligación que corresponde al Estado y la Ley de aguas debe garantizar el acceso como derecho humano y que la sociedad queretana, así como especialistas y ambientalistas rechazan la nueva Ley porque “se trata de una decisión económica para beneficiar a la iniciativa privada”.

Por ello, María Eugenia Hernández Pérez reiteró que “es necesario evitar que esta nueva Ley entre en vigor, a fin de analizar todas las implicaciones que tiene en materia de violación del derecho humano al agua y otros derechos fundamentales”, así como el determinar si incurre en situaciones de inconstitucionalidad respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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